En un giro inesperado en el proceso legislativo, el Senado ha decidido rechazar la amnistía en la sesión del martes, devolviendo la iniciativa al Congreso para su reconsideración. Esta decisión no supone un fin definitivo para la propuesta, ya que se espera que el Congreso la apruebe definitivamente a finales del mes en curso. La tramitación de este proyecto de ley ha generado un intenso debate en el ámbito político y social, y esta nueva vuelta de tuerca no hace sino aumentar la incertidumbre sobre el futuro de la iniciativa. Sin embargo, la mayoría de los analistas coinciden en que la aprobación final de la amnistía es solo cuestión de tiempo.
El Senado rechaza la amnistía: proyecto de ley será devuelto al Congreso para su aprobación definitiva
El Parlamento dará este martes el penúltimo paso para la aprobación de la ley de amnistía. La mayoría absoluta del Partido Popular (PP) en el Senado, que modificó el reglamento de la Cámara para dilatar la tramitación de la norma que llegaba del Congreso por tramitación de urgencia, veta en Pleno la proposición de ley. En consecuencia, el proyecto será devuelto a la Cámara Baja donde la mayoría que dio luz verde a la legislatura lo aprobará definitivamente.
Según el PP, la medida de gracia es una reforma encubierta de la Constitución, pero no han podido hacer otra cosa que suspender su tramitación exprés y atrasar lo más posible la aprobación de la amnistía. La ley se aprobará en el Congreso a finales de este mes.
El informe de la comisión conjunta
La semana pasada, la comisión conjunta que se ha encargado de la tramitación emitió su dictamen, basado en el informe que elaboraron los letrados de la Cámara Alta. Concluyeron que la ley es contraria a la Constitución y al Derecho Europeo, todo ello después de recabar la opinión de varios juristas llamados a comparecer por los grupos parlamentarios.
Tras sufrir varias modificaciones en el Congreso de los Diputados forzadas por los socios independentistas del PSOE, la proposición de ley llegó a la Cámara Alta por vía de urgencia. Los populares, sin embargo, se habían preparado para atrasar la luz verde mediante una reforma del reglamento del Senado. En lugar de tramitarse de forma urgente, la ley ha pasado por el procedimiento ordinario, que da dos meses de margen a la Cámara.
La estrategia del PP
Desde que la norma entró en el Congreso, el Partido Popular ha emprendido diversas estrategias para tratar de desacreditar la ley, con más o menos fortuna. Una de ellas fue solicitar un informe a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo perteneciente al Consejo de Europa. Los expertos de la comisión no apreciaron un conflicto de separación de poderes en el proyecto de ley, pero sí reprocharon la urgencia de su tramitación y consideraron inoportuno que la norma no contara con un respaldo parlamentario más amplio.
Con la norma ya en manos del Senado, se solicitó otro informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que dijo: Ni la doctrina del Tribunal Constitucional, ni la jurisprudencia del Tribunal Supremo permiten concluir que la amnistía esté reconocida en nuestro Derecho. Además, los servicios jurídicos de la Cámara Alta emitieron otro informe de 69 folios según el cual la ley de amnistía, más allá de incurrir en motivos de inconstitucionalidad, supone una reforma encubierta de la Constitución.
El 8 de abril se produjo una nueva batalla en la guerra del PP contra la medida de gracia: se celebró un debate de la Comisión General de las Comunidades Autónomas que convocó a diferentes presidentes autonómicos y culminó con la aprobación de otro informe, en esta ocasión elaborado por los servicios jurídicos del PP.
La votación en el Senado
Y por último, días después, la Cámara Alta aprobó un choque institucional con el Congreso de los Diputados mediante el cual, al hilo del informe de los letrados del Senado, la Cámara pedía al Congreso que retirara la norma. Ahora, con el plazo de tramitación a punto de finalizar, los senadores votarán -y con toda seguridad aprobarán- el veto a la ley.
Una vez se apruebe el veto, la proposición de ley vuelve al Congreso de los Diputados y se aprueba directamente en Pleno. Fuentes de la Cámara señalan que previsiblemente será en el Pleno ordinario que se celebrará el jueves 30 de mayo.
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