La situación financiera de los inquilinos de viviendas sociales en Madrid es crítica. Según los últimos datos, estos ciudadanos adeudan más de 118 millones de euros en concepto de cuotas de alquiler, lo que supone un problema grave para las arcas públicas y una gran preocupación para las familias afectadas. Esta cifra alarmante pone de manifiesto la necesidad de abordar esta situación de manera urgente, ya que la deuda acumulada puede generar graves consecuencias para los inquilinos y para la propia administración. En este sentido, es necesario analizar las causas que han llevado a esta situación y buscar soluciones efectivas para ayudar a los inquilinos a salir de esta situación de endeudamiento.
La Agencia de Vivienda Social (AVS) de la Comunidad de Madrid, anteriormente conocida como Ivima, gestionó en 2023 un total de 24.911 viviendas, 1.361 locales y 21.130 garajes. Aunque la mayoría de los inquilinos abonan sus recibos de manera puntual, un porcentaje de ellos incumple con sus obligaciones y deja de pagar. Esta situación ha generado un agujero de 118,5 millones de euros para el organismo público.
Según el informe de actividad de la AVS correspondiente al ejercicio 2023, los deudores presupuestarios deben al Ivima un total de 124 millones de euros. De esta cantidad, un 4,5% (5,5 millones) se corresponde con deudas de diferente naturaleza, mientras que el 95,5% restante (118,5 millones) se debe a impagos de recibos.
El grueso de la deuda, hasta 107,8 millones, se corresponde con cuotas de alquiler no abonadas, mientras que 10,7 millones provienen de la falta de pago de letras de viviendas de titularidad pública que en algún momento fueron enajenadas.
Protocolo de morosidad
La Consejería de Vivienda, de la que depende la AVS, asegura que la Comunidad de Madrid está cumpliendo con el protocolo de morosidad que comenzó a aplicar hace dos legislaturas. Este protocolo establece que se inicien los procedimientos de reclamación cuando se adeudan 300 euros o se han dejado de pagar tres recibos.
Gracias a este cumplimiento y a la formalización de compromisos de pago, se han logrado suspender 4.183 procesos de deuda en 2023. De esta cifra, 1.553 son compromisos de pago ordinarios y 2.630 compromisos de pago fraccionado. Además, se han completado 2.383 procedimientos de deuda saldada.
En los casos en los que la acumulación de deuda es elevada y el responsable de la misma no ha respondido a los sucesivos requerimientos de pago de la Comunidad ni tampoco ha procedido a la firma de un compromiso de pago, se ha acudido a la vía judicial. En 2023, se contrató un bufete de abogados externo para que se hiciera cargo de este tipo de causas y defendiera los intereses de la Comunidad.
La cantidad reclamada en 2023 en el conjunto de las demandas interpuestas asciende a alrededor de 3,3 millones, a la que habría que sumarle los intereses.
Una problemática de larga data
La morosidad de algunos inquilinos de la AVS es un problema que viene de largo, como refleja el volumen actual de la deuda. La Cámara de Cuentas regional ha venido advirtiendo de ello en diferentes informes de fiscalización, como el último publicado, que analiza las cuentas de 2022.
La no ocupación de estos inmuebles, como su ocupación ilegal, conlleva ingresos dejados de percibir por la AVS. La Cámara de Cuentas regional advirtió que una parte de la deuda podría haber prescrito y la Comunidad no podría reclamarla, teniendo en cuenta la antigüedad y las reclamaciones infructuosas realizadas por la Agencia.
Por este motivo, la Cámara de Cuentas regional animó a la AVS a ser más estricta en el control de los impagos.
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