En una operación de inspección llevada a cabo por las autoridades sanitarias en Sevilla, se ha descubierto un caso alarmante de fraude alimentario. Se encontraron un total de 4,5 toneladas de pescado congelado cuya fecha de consumo había sido manipulada. Este hallazgo pone en evidencia una práctica ilegal que pone en riesgo la salud de los consumidores, al alterar la información crucial sobre la frescura y calidad de los productos. Las autoridades han iniciado una investigación para determinar la procedencia de este lote de pescado y los responsables de este grave delito contra la seguridad alimentaria.
Descubren toneladas de pescado congelado con fechas falsificadas en Sevilla
Una operación realizada en la ciudad de Sevilla ha desmantelado una red que adulteraba fechas de consumo en pescado congelado, con el propósito de distribuir una parte de los productos durante la Feria de Abril. La Guardia Civil ha intervenido cuatro toneladas y media de pescado tras descubrir a operarios de una empresa en Alcalá de Guadaíra reetiquetando las fechas de consumo preferente de los productos pesqueros congelados.
La investigación llevada a cabo por el Seprona de la Guardia Civil tenía como objetivo prevenir la comercialización de productos no aptos para el consumo durante la Feria de Sevilla 2024. Según los indicios recabados, la empresa adquirió el pescado a sabiendas de que las fechas de consumo preferente estaban vencidas desde hace dos años.
Entre los productos incautados se encuentran cangrejos, bogavantes, bacaladilla, potón y chanquetes, con un peso total superior a las cuatro toneladas y media. La inspección realizada en el almacén de la empresa investigada reveló la presencia de lomos de bacalao congelado con fechas de consumo preferente manipuladas, pasando de junio de 2022 a 2026.
Tras la inspección, los veterinarios de salud pública determinaron que los productos no eran aptos para su consumo y ordenaron su precintado en las instalaciones, a la espera de ser destruidos por una empresa autorizada. Hasta el momento, al menos seis personas están siendo investigadas por presuntos delitos de falsedad documental y contra la salud pública en relación con este caso.
La Guardia Civil contó con el apoyo de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de la Junta de Andalucía, un técnico de trazabilidad del servicio de pesca de Sevilla y un veterinario de salud pública de Alcalá de Guadaíra durante la inspección. La empresa autorizada procederá a la destrucción de los productos no aptos para el consumo, mientras las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de otros implicados.
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