Enfrenta la ley: las viviendas que no podrán ser vendidas o arrendadas a partir de 2030

Enfrenta la ley: las viviendas que no podrán ser vendidas o arrendadas a partir de 2030

En un giro radical en la política de vivienda, se ha anunciado una nueva regulación que entra en vigor a partir de 2030, que prohibirá la venta y arrendamiento de viviendas que no cumplan con ciertos estándares de sostenibilidad y eficiencia energética. Esta medida tiene como objetivo reducir la huella de carbono y promover el desarrollo de viviendas más respetuosas con el medio ambiente. Los propietarios de viviendas que no se ajusten a estas nuevas normas deberán realizar modificaciones para cumplir con los requisitos, o de lo contrario, se les prohibirá la venta o arrendamiento de sus propiedades.

Viviendas insuficientes: desde 2030, no se podrán vender o alquilar sin certificado energético

El problema de la vivienda es una constante en España. La escasa oferta y los altos precios han llevado a que parte de la población no pueda permitirse un hogar, sea en propiedad o de alquiler. Según los datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (2023), la venta de viviendas sufrió un cambio de tendencia, con la venta cayendo en diciembre de 2023 en un 15,6% con respecto al mismo mes de 2022.

Ahora, esta situación se podría ver agravada cuando entren en vigor las medidas de eficiencia energética que se han impuesto desde Europa. Al cierre del 2023, el número de viviendas en España se situó cerca de las 27 millones, indica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, un 3,2% más que el 2022 y la continuación de una tendencia al alza que se alarga en 23 años. De esa cifra, según el INE, más de 19,3 millones fueron considerados hogares, con este número también esperando un incremento en los próximos años.

La normativa europea: un nuevo obstáculo para la venta y alquiler de viviendas

A partir del 2030, según establece la regulación europea, las viviendas que se quieran vender o alquilar deberán obtener, como mínimo, una calificación de 'E' en lo que a eficiencia energética se refiere. Esto supone un gran cambio, ya que desde el año 2013, las viviendas necesitan de manera obligatoria contar con un certificado de eficiencia energética, documento que se deberá compartir con los posibles arrendatarios o compradores y que, en caso de no tenerlo, podría acarrear sanciones.

El sistema es sencillo, con una nota que, en función de distintos aspectos como el consumo de energía o las emisiones de CO2, valorará la huella energética del inmueble de la A a la G, siendo la A la mejor calificación y la G la peor. Sin embargo, según Andimac, la Asociación que representa a la distribución profesional de materiales para la edificación y rehabilitación, el 83% de las viviendas no llegan a ese nivel, es decir, ocho de cada diez no cumplen con esos requisitos mínimos que se establecen desde Bruselas, sino que su calificación es de F o G, las dos peores.

Además, teniendo en cuenta que tres años después el mínimo ascenderá a D, estamos ante una situación complicada. Las dificultades en lo que a oferta de vivienda se refiere van a continuar de la misma manera que ahora, con la mayoría de viviendas teniendo que acometer reformas en el caso de que se quieran poner en el mercado.

Un futuro incierto para la vivienda en España

Según estima el INE, el número total de hogares crecerá en los próximos 15 años en algo menos de cuatro millones, con los hogares unipersonales teniendo el mayor incremento (41,9%). Sin embargo, habrá que ver cómo evoluciona el mercado de la vivienda si se quiere aumentar la oferta y disminuir el precio en los próximos años, algo que piden gran cantidad de ciudadanos españoles.

Esta normativa europea parece una nueva piedra en el camino que muchos deberán superar. La vivienda se convierte en la segunda mayor preocupación de los españoles, según el CIS. Es hora de que los gobiernos y las instituciones tomen medidas para abordar este problema y encontrar soluciones para hacer que la vivienda sea más accesible para todos.