En un nuevo desarrollo en el caso del Tsunami financiero, la Fiscalía ha decidido no ordenar la detención de los investigados que no se presentaron a declarar este miércoles. Esta decisión ha generado un gran interés en el ámbito político y social, ya que se esperaba que la Fiscalía tomara medidas más drásticas contra aquellos que no comparecieron a la citación. Sin embargo, la Fiscalía ha optado por una postura más cauta, lo que ha generado un debate sobre la efectividad de la justicia en casos de corrupción y delincuencia económica. A continuación, se analizarán las implicaciones de esta decisión y se explorarán las posibles consecuencias para los investigados y la sociedad en general.
La Fiscalía no ordena detener a los investigados del Tsunami que no comparecieron a declarar este miércoles
La Fiscalía ha respondido al juez instructor de la causa Tsunami Democràtic, Manuel García-Castellón, que el miércoles preguntó si debía ordenar detener a varios investigados que estaban citados a declarar ese mismo día y no lo hicieron. El fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, se ha adherido a los recursos presentados por estos investigados, que solicitaban declarar telemáticamente.
Por tanto, ha indicado al instructor que proceda a reagendar las citaciones por videoconferencia antes de ordenar la busca y captura de los imputados, entre los que se encuentra el exdiputado de ERC en el Parlament Xavier Vendrell, que actualmente reside en Colombia.
La declaración de los investigados
El juez del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, García-Castellón, había ordenado que declararan este miércoles gran parte de los investigados en la causa. Pero muchos de ellos solicitaron, con mayor o menor fortuna, aplazar sus comparecencias o realizarlas telemáticamente.
El instructor aceptó suspender la declaración de Marta Rovira, secretaria general de ERC fugada en Suiza, que alegó un compromiso previo de su abogado en esta fecha. Estaba previsto inicialmente que Rovira declarara telemáticamente desde Barcelona.
También quedó aplazada sine die la comparecencia del investigado Josep Lluís Alay, el jefe de la Oficina en Bruselas de Carles Puigdemont, que rechazó acudir a declarar por sus problemas de salud. El empresario Oriol Soler también tuvo éxito, de forma que tras alegar un compromiso previo de su defensa logró que la Audiencia Nacional aplazara su declaración.
Tras tomar estas decisiones, García-Castellón aún tenía agendadas las declaraciones del dirigente de Ómnium Cultural, Oleguer Serra, y la del empresario Josep Campmajó. También se mantuvieron en pie las comparecencias del periodista Jesús Rodríguez y la de la empresaria Marta Molina.
La única que compareció
Ella fue la única que compareció finalmente este miércoles. Marta Molina indicó al juez desde Barcelona que el independentismo no fue un movimiento violento, y tan solo contestó las preguntas de su abogada, Marina Roig. Su declaración duró apenas cinco minutos tras los cuales Marta Molina quedó en libertad.
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