Hacienda presenta demanda ante el Supremo para resolver conflicto millonario con Oracle por pagos a Irlanda
En un nuevo capítulo del conflicto millonario entre la Administración Tributaria y la empresa de tecnología Oracle, Hacienda ha decidido presentar una demanda ante el Tribunal Supremo para resolver la disputa que mantiene con la multinacional sobre los pagos realizados a Irlanda. La controversia se centra en la tributación de las ganancias generadas por la empresa en España, que según Hacienda, deberían haber sido declaradas en nuestro país y no en el país europeo. La resolución de este caso puede tener un impacto económico significativo para las arcas del Estado.
Supremo analizará demanda de Hacienda contra Oracle por pagos a Irlanda
La Agencia Tributaria (AEAT) ha llevado al Tribunal Supremo su pelea millonaria con el gigante tecnológico Oracle por los pagos a Irlanda. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso han admitido a trámite el recurso de la AEAT y estudiarán si las retenciones exigidas a la matriz con sede en Dublín (Irlanda) -a la que la filial española paga en concepto de cánones o 'regalías' por su software u otros activos de su propiedad intelectual- en concepto de Impuesto de No Residentes han de ejecutarse previa deducción de los gastos o sin permitir ésta última.
La Audiencia Nacional había estimado parcialmente el recurso de la compañía estadounidense, que había reclamado la devolución de cerca de 20 millones en lo que ellos entendían como cantidades ingresadas indebidamente por la Agencia Tributaria abonadas por parte de la filial a la matriz. El Supremo entiende que este caso puede ser extensible a otras compañías que paguen estos cánones a otras empresas de sus respectivos grupos y tengan que abonar el Impuesto de No Residentes.
El conflicto
La inspección de la AEAT inició una investigación en las retenciones a cuenta por No Residentes de los años entre 2009 y 2011. Oracle no había declarado en la base imponible ninguna cantidad como cánones, porque la totalidad de los rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de programas informáticos los había considerado como rendimientos de actividades empresariales, salvo lo pagado a Oracle Emea, a la que se retuvo el 5% establecido para cánones en el convenio de doble imposición España/Irlanda.
La empresa solicitó una devolución de retenciones de 18,2 millones para los años 2010 y 2011 al entender que le habían cobrado de más. La AEAT no sólo no lo devolvió sino que elevó el tipo de retención del 5% al 10%.
La decisión del Supremo
El Abogado del Estado alegaba que el Supremo debía pronunciarse pues entiende que la sentencia de la Audiencia Nacional, en la que le daba la razón parcialmente a Oracle confirmando que se trataba de un canon lo pagado pero no se permitía deducir los gastos vinculados a esos cánones por la filial española, podía chocar con la jurisprudencia impuesta en el pasado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Y los magistrados así lo han acogido y, por tanto, lo analizarán.
La decisión se conocerá previsiblemente ya en el año 2025.
Oracle, una empresa con varios pleitos abiertos
Oracle, actor importante en el mercado del software y la nube, es una de las compañías tecnológicas con mayores pleitos con Hacienda por su estructura fiscal. La empresa lleva varios años incluyendo en su reporte anual ante el regulador bursátil americano (SEC) a España dentro de los mercados en los que mantiene recursos y litigios donde las cantidades bajo controversia son significativas.
La compañía acumula varias sentencias pendientes tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo. Y todas las mantiene vivas. La compañía acumulaba a cierre del último ejercicio fiscal en la filial española un total de 28 millones de euros de pagos de procedimientos 'vivos' que han sido reclamados en los tribunales vinculados a las inspecciones para los ejercicios entre 2008 y 2014.
La sociedad considera que ganará todos los recursos presentados o pendientes; en caso de que no fueran ganados, los importes desembolsados serán recuperados de acuerdo a los contratos intercompañías, aseguraba.
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