En un giro inesperado en el proceso político español, la amnistía judicial se ha convertido en el centro de atención en la corte más alta del país. La polémica medida, que busca eximir de culpa a aquellos involucrados en el proceso independentista catalán, ha generado un intenso debate en el ámbito político y social. Ahora, todos los ojos están puestos en Puigdemont y los demás posibles beneficiarios, que podrían verse afectados por esta decisión. ¿Cuál será el futuro de estos líderes políticos? ¿La amnistía judicial será aprobada o rechazada? Estas preguntas siguen en el aire mientras la corte española se prepara para tomar una decisión que podría cambiar el curso de la historia política de España.
La incerteza sigue: ¿Qué sucederá con Puigdemont y los demás beneficiarios de la amnistía?
La aprobación de la amnistía en el Congreso de los Diputados no implica que la medida de gracia afecte automáticamente a Carles Puigdemont y el resto de condenados, procesados e investigados por delitos relacionados con el procés. Simplemente conlleva que los jueces y magistrados a cargo de todos estos casos comenzarán a actuar una vez la ley se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor.
El camino que se inicia este 30 de mayo es incierto y complejo. No hay certezas sobre cuándo y cómo acabará. Tampoco se sabe por el momento cuándo se publicará la norma en el BOE. Pero una vez quede impresa negro sobre blanco, los jueces correspondientes tendrán un plazo de dos meses para decidir sobre su aplicación, tal y como dicta la propia ley.
Los jueces y magistrados tienen la palabra
En el Tribunal Supremo, deberán actuar Pablo Llarena, que instruye los posibles delitos de malversación, desobediencia y desórdenes públicos cometidos por Puigdemont en el marco del procés; Susana Polo, que investiga al expresident y al diputado de ERC Rubén Wagensberg por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic; y la Sala Segunda del tribunal, que deberá revisar las condenas de la sentencia del procés.
En la Audiencia Nacional deberá analizar la amnistía la Sección Tercera de la Sala de lo Penal, que procesa a 12 personas por el terrorismo de los Comités de Defensa de la República (CDR), así como el instructor Manuel García Castellón, que investiga a la dirigente de ERC Marta Rovira, entre otros, por supuesto terrorismo de Tsunami Democràtic.
La amnistía puede paralizarse
Hay varios supuestos en los que la amnistía puede acabar paralizándose e incluso no aplicarse finalmente. La única condición es que un juez dude de el encaje de la norma en el derecho europeo -en cuyo caso acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)- o en la Constitución -en cuyo caso acudirá al Tribunal Constitucional-.
Según fuentes consultadas, es probable que el Tribunal Supremo decida acudir en primer lugar al TJUE, dado que el derecho europeo prevalece sobre el nacional. El mecanismo es la cuestión prejudicial, a través de la cual se pregunta al tribunal si una norma, o una parte concreta de la misma, encaja en la legislación europea.
En este caso, el Tribunal Supremo paralizará la aplicación de la ley de amnistía hasta obtener una respuesta del TJUE. El artículo 4 de la ley de amnistía dicta el inmediato alzamiento de las medidas cautelares y de las órdenes de detención nacionales, europeas e internacionales con la entrada en vigor de la ley.
La cuestión de inconstitucionalidad
En caso de que un juez considere que la ley de amnistía puede entrar en conflicto con la Constitución española, tendrá la posibilidad -y el deber- de trasladar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Según datos facilitados por el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia de la UE tardó una media de 16,4 meses en tramitar cada uno de los 808 asuntos resueltos en 2022. En todo caso, al Tribunal Constitucional no solo pueden acudir los tribunales. También pueden hacerlo las comunidades autónomas y los partidos políticos que tengan más de 50 diputados, en este caso, el PP.
De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este mismo jueves que los gobiernos autonómicos del Partido Popular van a presentar ya mismo un recurso de inconstitucionalidad para tratar de tumbar la ley.
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