La reforma legal del CGPJ, un auténtico atropello constitucional según la APM
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de reformar la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) si no se llega a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de julio. Según la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), esta reforma sería un auténtico atropello constitucional.
El presidente del Gobierno ha dado a entender que la reforma consistiría en cambiar la forma en que el CGPJ nombra a jueces del Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas. El día de la marmota se ha acabado, ha anunciado Sánchez, refiriéndose a los más de 2.000 días que el CGPJ lleva caducado.
La tesis del presidente es que el Partido Popular (PP) no ha renovado el CGPJ porque quiere mantener a los vocales que nombró la mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2013, que son los que a su vez deciden quién ocupa los asientos de la cúpula judicial. Este es el objetivo perverso del PP, ha dicho Sánchez.
La respuesta del PP
El PP ha rechazado el ultimátum de Sánchez para renovar el CGPJ en 15 días porque no rebaja el control de los partidos sobre el órgano. Sin embargo, el partido valora aceptar la oferta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, que quiere retomar las negociaciones este viernes.
La posición de la APM
La Asociación Profesional de la Magistratura ha trasladado su profundo rechazo y preocupación por los planes del presidente. La APM ha instado a todas las fuerzas políticas a retomar urgentemente el diálogo para cumplir los mandatos constitucionales.
Para la asociación, la propuesta de Pedro Sánchez de privar al Consejo de la facultad de hacer nombramientos es inaceptable y un auténtico atropello constitucional. La APM es partidaria de renovar el CGPJ urgentemente y abordar inmediatamente después una reforma de la LOPJ para que los propios jueces nombren a parte de los vocales del Consejo.
Esta reforma lograría que los 12 jueces sean elegidos entre sus pares y dejaría al Parlamento la potestad de nombrar a los ocho vocales restantes. La APM considera que esta propuesta es la más adecuada para garantizar la independencia del poder judicial.
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