La batalla de una residente de Estepona contra el presidente de su comunidad, que ya gana más que el presidente del Gobierno

La batalla de una residente de Estepona contra el presidente de su comunidad, que ya gana más que el presidente del Gobierno

En un escándalo que ha generado gran indignación en la opinión pública, una residente de Estepona ha decidido tomar cartas en el asunto y denunciar públicamente al presidente de su comunidad, quien, según revelan las últimas informaciones, percibe un salario anual superior incluso al del presidente del Gobierno. Esta situación ha generado un gran revuelo en la localidad, donde los vecinos se sienten engañados y estafados por la desproporción salarial. La batalla de esta valiente residente contra el presidente de su comunidad es solo el comienzo de una lucha que busca la transparencia y la justicia en la gestión de los recursos comunitarios.

La batalla judicial contra el presidente de la comunidad de Torre Bermeja, que gana más que el presidente del Gobierno

En la lujosa urbanización de Torre Bermeja, ubicada en la localidad malagueña de Estepona, una ciudadana noruega, Susan, ha decidido denunciar al presidente de la comunidad, Stephen Hills, ante la Justicia. El motivo es que Hills se ha subido el sueldo por segunda vez en 2024 y actualmente cobra más de 103.000 euros anuales, una cifra que supera en 13.000 el salario del presidente del Gobierno.

Un salario millonario

El presidente de la comunidad, un diseñador de interiores jubilado, reside en la urbanización desde hace años y cuenta con el apoyo de la mayoría de los propietarios. Sin embargo, según los estatutos de la comunidad, el cargo del presidente debe ser gratuito. Los estatutos de la comunidad de propietarios Torre Bermeja, que son de obligado cumplimiento, determinan claramente que el cargo del presidente habrá de ser gratuito. Lo contemplan de manera categórica, taxativa y no hay ninguna interpretación posible. El cargo no es remunerado, explica el abogado David Valadez.

Otras razones para la demanda

Susan no solo ha demandado a Hills por su salario millonario, sino también porque disfruta desde el año pasado de la condonación del pago de las cuotas de la comunidad, una cantidad que asciende a los 9.500 euros. Además, el presidente ha contratado un seguro que le permitirá blindarse ante las demandas de los pocos propietarios que no están de acuerdo con su proceder.

Un presidente con mayoría

La mayoría de los propietarios de la urbanización son extranjeros con un alto poder adquisitivo, principalmente británicos, que delegan sus votos en el presidente en las juntas generales. Esto le da a Hills la posibilidad de tomar las acciones que considere, ya que cuenta con el apoyo de la mayoría de los vecinos.

La ley de propiedad horizontal

Los acuerdos aprobados en las juntas de propietarios no solo deben tener en cuenta los estatutos de la comunidad sino también la ley de propiedad horizontal. Según esta norma, el presidente solo puede percibir algún tipo de gratificación en función a la labor que realiza, como gastos de transporte y comida en caso de que deba desplazarse a la Dirección General de Costas en Málaga o a la Junta de Andalucía en Sevilla para realizar trámites relacionados con la comunidad.

La necesidad de una reforma en profundidad

El abogado David Valadez opina que la ley de propiedad horizontal necesita una reforma en profundidad, ya que fue aprobada en 1960 y actualizada en 1999. En España, a diferencia de otros países, no existen máximos en cuanto a la delegación de votos y eso faculta que un presidente pueda acudir a una junta general con el voto delegado de más del 50% de los vecinos, explica.

El papel de los abogados de Hills

Los abogados de Hills argumentarán que él percibe esa cantidad de dinero por desempeñar otras funciones distintas a las del presidente, es decir, por supuestamente ejercer de administrador gerente de la urbanización, una figura que no está contemplada en los estatutos y que no habría sido aprobada por los vecinos.

La demanda

La demanda presentada por la clienta de Valadez fue admitida a trámite el año pasado en el Juzgado de primera instancia número 1 de Estepona y actualmente están esperando a que el demandado responda. Hemos acudido a la Justicia porque confiamos en que nos dé la razón. La normativa de aplicación vincula al presidente y a cualquier comunero con independencia del respaldo que pueda tener en sus actuaciones diarias, finaliza el letrado.