En un movimiento contundente, la Comunidad de Madrid ha decidido presentar alegaciones ante el proyecto de Ley de Gestión Pública de Sanidad, manifestando su desacuerdo con el contenido de la misma. Según las autoridades madrileñas, la ley carece de rigor y invade competencias en la gestión sanitaria, lo que puede generar problemas en la toma de decisiones y la implementación de políticas sanitarias efectivas. Esta decisión surge en un contexto de preocupación por la gestión de la sanidad en España, donde la eficacia y la eficiencia en la toma de decisiones son clave para garantizar la calidad de la atención médica. A continuación, se analizarán las razones detrás de esta decisión y las posibles consecuencias para la sanidad en España.
La Comunidad de Madrid denuncia la invasión de competencias en la gestión sanitaria
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, han presentado alegaciones al proyecto de ley del Ministerio de Sanidad para regular la gestión del sistema sanitario público y limitar la gestión de las empresas privadas de los servicios públicos.
Desde el Gobierno regional consideran que el texto normativo invade competencias de las comunidades autónomas en materia de coordinación y bases generales de la sanidad. Entre los puntos que se han incluido en el escritorio, la Consejería de Sanidad destaca que las medidas relativas a la transparencia y rendición de cuentas ya se aplican en la región.
El objetivo de la nueva ley
El objetivo principal de la nueva ley es acabar con el lucro de las empresas privadas con la sanidad pública, según la ministra de Sanidad, Mónica García. Para lograrlo, el proyecto de ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud planea introducir limitaciones al número de concesiones y convenios con empresas privadas que gestionan hospitales o recursos sanitarios públicos.
Además, se busca introducir más controles e intensificar la transparencia en todos estos contratos. Sin embargo, la Comunidad de Madrid considera que la norma proyectada infringe el ordenamiento jurídico y afecta a la Constitución.
La Comunidad de Madrid se opone a la nueva ley
La Comunidad de Madrid argumenta que la transposición de la normativa europea, materializada en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, posibilita a las administraciones prestar de forma directa los servicios públicos o establecer concesiones con empresas privadas, siempre que el procedimiento de adjudicación garantice una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminación.
La Consejería de Sanidad destaca que la propuesta del Ministerio de Sanidad no aporta soluciones realistas, ni concretas, ya que no se aportan cifras, una memoria económica ni referencias doctrinales. Además, el articulado solo menciona de manera genérica los problemas que se quieren subsanar.
La Comunidad de Madrid concluye que ya se aplican medidas similares en la región, como auditorías que miden la prestación de la asistencia a los ciudadanos y la calidad, y el control de la facturación mediante el Manual de Facturación Intercentros. Además, se contempla la reversión de los conciertos, convenios y contratos.
En definitiva, la Comunidad de Madrid considera que la nueva ley no aporta nada nuevo y que invade competencias autonómicas.
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