La Fiscal Superior de Madrid declara sobre la publicación de una nota de prensa sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, ha declarado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación con la investigación sobre la publicación de una nota de prensa sobre la situación procesal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Lastra ha confirmado que fue el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien le trasladó el imperativo de difundir aquel comunicado el pasado 14 de marzo.
Fuentes judiciales han confirmado que la declaración de la fiscal superior culminó esta mañana, y que en ella se ratificó que García Ortiz dio la orden expresa y directa de sacar la nota de prensa. Por lo tanto, sostiene que la investigación debería trasladarse al Tribunal Supremo.
El comunicado de prensa y la querella de Alberto González Amador
El comunicado de prensa en cuestión se publicó a mediados de marzo con la intención declarada de desmentir informaciones periodísticas que afectaban a la investigación del fraude fiscal del novio de Ayuso. Concretamente, varios medios habían publicado información sobre un posible pacto que la Fiscalía había ofrecido a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La Fiscalía Provincial de Madrid emitió una nota de prensa desmintiendo estas informaciones, según la cual había sido el abogado de González Amador quien había ofrecido un acuerdo a los fiscales. Aquel desmentido supuso a ojos de González Amador un delito de revelación de secretos, y el TSJM aceptó su querella y decidió investigar el posible delito.
La responsabilidad del fiscal general del Estado
Paralelamente, el fiscal general del Estado asumió públicamente la responsabilidad por ese comunicado, si bien no confirmó que él mismo había dado la orden. Hasta que este lunes envió al instructor un escrito confirmando esto último y señalando que el TSJM carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la citada nota. Es el Supremo quien debe instruir la causa.
García Ortiz sostiene que aquel comunicado fue necesario para poner fin a un bulo y amparar a un compañero. En ningún caso fue delictiva, según el fiscal general, dado que no incluía datos que no fueran públicos.
La investigación sigue su curso en el TSJM, que deberá determinar si el fiscal general del Estado cometió un delito de revelación de secretos al autorizar la publicación de la nota de prensa.
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