Recusa a cuatro magistrados del Supremo: García Ortiz intenta evitar juicio sobre su continuidad en el cargo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un incidente de recusación contra cuatro magistrados del Tribunal Supremo que deben pronunciarse sobre su designación y, por tanto, sobre si debe seguir siendo o no el jefe del Ministerio Público.
García Ortiz considera que estos magistrados deben apartarse porque son los mismos que ya dijeron que había actuado con desviación de poder al proponer a Dolores Delgado como fiscal togada.
Fuentes fiscales informan que la recusación se debe a que los magistrados en cuestión ya se pronunciaron en contra de García Ortiz en el pasado, cuando tumbó el nombramiento de Delgado como fiscal togada. Por lo tanto, el fiscal general entiende que ya están contaminados por ese procedimiento y no pueden decidir objetivamente sobre su continuidad en el cargo.
Además, García Ortiz destaca que estos magistrados también anularon el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
El fiscal general considera que estos magistrados podrían no ser objetivos para determinar su continuidad o no al frente de la institución, una vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le consideró inidóneo para el puesto.
García Ortiz no ha recusado a la quinta magistrada que actualmente conforma la sección, ya que ella no participó en la deliberación y fallo relativa a la designación de Delgado.
Además de estos motivos, García Ortiz añade referencias como el caso del magistrado José Luis Requero, quien al día siguiente de aquella sentencia sobre el ascenso de Delgado firmó un artículo en La Razón en el que dijo que basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado apesebrados.
Por lo tanto, el jefe del Ministerio Público pide que su caso sea revisado por otros magistrados que no tengan pronunciamientos o referencias anteriores contra él.
La Sala del 61
La resolución corresponde a la llamada Sala del 61, una sala especial del Supremo cuyo nombre proviene del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge su creación. Entre sus competencias figura la de estudiar, como dice la propia ley, los incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala, como sucede en este mismo caso.
Con el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, a la cabeza, la Sala del 61 está formada por cada uno de los presidentes de las cinco salas del alto tribunal y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.
La APIF interpuso un recurso contencioso administrativo en el Supremo contra la designación de García Ortiz, al considerar que su actuación y su parcialidad en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley.
García Ortiz, denuncian, se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias.
Por ello consideran que no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno.
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