En un inasperado movimiento, el fiscal general ha decidido presentar una recusación contra todos los magistrados del Tribunal Supremo que estarán a cargo de evaluar su propia situación en el marco de una investigación en curso. Este inédito paso ha generado un gran revuelo en el mundo judicial, ya que se considera un intento del fiscal general de deslegitimar a los magistrados y impedir que se lleva a cabo una investigación imparcial. La comunidad jurídica se encuentra en vigilia, esperando a ver cómo se desarrollará esta situación y qué implicaciones tendrá en el futuro del sistema judicial.
García Ortiz recusa a todos los magistrados del Tribunal Supremo que evaluarán su situación como fiscal general
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un incidente de recusación contra los cinco magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que tienen pendiente de resolver un recurso de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su designación al frente de la Fiscalía General del Estado.
Fuentes fiscales informan que García Ortiz ha recusado a todos los magistrados que deberían evaluar su situación, ya que considera que podrían no ser objetivos en su decisión. La razón es que los mismos magistrados, en noviembre pasado, dictaron una sentencia que tumbó el nombramiento de la exfiscal general del Estado, Dolores Delgado, como fiscal togada del Supremo, acusando a García Ortiz de desviación de poder al asegurar la promoción de Delgado a la máxima categoría de la carrera fiscal.
Además, García Ortiz destaca que el magistrado José Luis Requero, uno de los magistrados recusados, firmó un artículo en La Razón al día siguiente de la sentencia contra Delgado, en el que dijo que basta fijarse en lo que ya es un Tribunal Constitucional y una Fiscalía General del Estado apesebrados. Esto, según García Ortiz, demuestra que los magistrados podrían no ser objetivos en su caso.
La Sala del 61 del Tribunal Supremo se encargará de resolver la recusación
La resolución corresponde a la llamada Sala del 61, una sala especial del Supremo cuyo nombre proviene del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que recoge su creación. La Sala del 61 tiene entre sus competencias la de estudiar incidentes de recusación del presidente del Tribunal Supremo o de los presidentes de Sala, o de más de dos magistrados de una Sala.
La Sala del 61 está formada por el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, y cada uno de los presidentes de las cinco salas del alto tribunal y por el magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas.
El recurso de la APIF contra la designación de García Ortiz
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) interpuso un recurso contencioso administrativo en el Supremo contra la designación de García Ortiz, al considerar que su actuación y su parcialidad en favor del Gobierno muestran que su nombramiento no se ajusta a la ley.
La APIF denuncia que García Ortiz se ha mostrado descaradamente parcial por su apoyo al Gobierno, al tiempo que ha omitido cualquier obligación debida a la Institución, a sus fiscales y faltando el respeto al Consejo Fiscal al apropiarse de alguna de sus potestades decisorias.
Por ello, consideran que no tiene ni el talante, ni la actitud, ni el carácter, ni la convicción para ser un Fiscal General del Estado y no del Gobierno.
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