La reforma judicial, uno de los pilares del pacto político entre el PSOE y el PP, comienza a dar sus primeros pasos, aunque no sin contratiempos. A pesar de que la ley orgánica que la regula entró en vigor hace unos días, el impasse en el Consejo General del Poder Judicial sigue sin resolverse, lo que provoca inquietud en el ámbito jurídico. El bloqueo en este organismo clave del sistema judicial español es un lastre para la implementación efectiva de la reforma, que pretende modernizar y agilizar la justicia en España. ¿Será capaz el gobierno de superar este obstáculo y llevar a cabo una reforma que satisfaga a todos los actores involucrados?
La reforma judicial avanza, pero el impasse en el CGPJ sigue sin resolverse
La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordada entre el PP y el PSOE avanza entre luces y sombras y a distintas velocidades. Mientras que la reforma de la ley del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para tratar de reforzar la independencia de estas instituciones ha entrado en vigor este martes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no consigue desbloquear la votación para elegir a un presidente de su nuevo mandato, que lo será también del Tribunal Supremo.
El acuerdo firmado en Bruselas a finales de junio se asentaba en dos patas. La primera implicaba la inmediata renovación del Consejo, a lo que ambos partidos dieron cumplimiento tras la elección de los 20 vocales del nuevo CGPJ. Pero estos, a su vez, son los encargados de elegir al integrante número 21, el presidente, una votación que este lunes ha vuelto a fracasar por tercera vez después de que ninguno de los siete candidatos sobre la mesa hayan recabado los 12 apoyos necesarios al empatar a 10 en todas las votaciones.
De esta forma, el órgano de gobierno de los jueces ha vuelto al punto de partida, por lo que se reinicia el proceso de elección con los siete candidatos, todos ellos magistrados del Tribunal Supremo: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso. Lucas y Teso fueron los aspirantes que más apoyos recabaron en las votaciones de la semana pasada, pero en el empate 10-10 se repitió en dos ocasiones, lo que llevó al nuevo intento de este lunes con todos los candidatos de nuevo. No funcionó: los bloques conservador, que apoya a Lucas, y progresista, que respalda a Teso, siguen inamovibles.
Así las cosas, los vocales han decidido poner en suspenso la elección de su presidente y mantener abiertos los canales de comunicación durante las próximas semanas con el fin de conseguir un acuerdo entre ambos sectores sobre la persona que ejercerá la presidencia del Poder Judicial los próximos cinco años.
Lo que sí ha acordado el Pleno es celebrar una reunión el próximo 19 de agosto para, con carácter excepcional y por razones de urgencia, adoptar acuerdos respecto de actos reglados y de aquellos otros que tengan un plazo perentorio y preclusivo para jueces y magistrados de toda España, como las prórrogas de licencias de enfermedad, los procedimientos de jubilación forzosa por edad y de jubilación voluntaria, las declaraciones de compatibilidad con actividad docente y el reconocimiento de trienios.
Seis meses para proponer un nuevo sistema de elección
La segunda pata del acuerdo PSOE-PP consistió en la reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para tratar de reforzar la independencia de estas instituciones. Esta ley ha entrado en vigor este martes tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por lo que se activa la cuenta atrás de seis meses para que los nuevos vocales propongan un nuevo sistema de elección de los nuevos miembros del CGPJ en su próxima renovación, tal y como contempla el texto acordado.
En concreto, el Consejo General del Poder Judicial deberá realizar un estudio sobre los sistemas europeos para la elección de vocales en órganos análogos. Tras ello, elaborará una propuesta de reforma que tendrá que incluir la participación directa de jueces y magistrados y ser aprobada por tres quintos de los vocales para ser remitida al Gobierno, al Congreso de los Diputados y al Senado. A continuación, se elaborará un proyecto o una proposición de ley para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación en las Cortes.
Esta era una de las exigencias del PP para acceder a la renovación del CGPJ después de más de cinco años y medio caducado, como lo era también la aprobación de un régimen de incompatibilidades que prohibirá que se elija como vocal del CGPJ o como fiscal general del Estado a alguien que haya sido ministro en los cinco años anteriores a la designación, para evitar que se repita el polémico caso de la exministra de Justicia Dolores Delgado, que pasó directamente del Consejo de Ministros a la Fiscalía General hace cuatro años. Asimismo, los jueces que sean nombrados para un cargo político de confianza ya no podrán volver a su plaza hasta dos años después de dejar ese cargo.
El texto también añade nuevos requisitos para los nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo, que corren de cargo del CGPJ. Actualmente, el alto tribunal acumula más de un 30% de plazas vacantes dado que —a raíz de una reforma impulsada por el Gobierno— el Consejo no puede efectuar nombramientos estando caducado.
A partir de la reforma que entra hoy en vigor, los candidatos a magistrado del Supremo deberán contar con una trayectoria de 20 años, cinco más de los previstos actualmente. Para los nombramientos de presidentes de audiencias provinciales y del magistrado del Tribunal Supremo competente para conocer las competencias del CNI, el Pleno del CGPJ deberá alcanzar un cuórum de tres quintos.
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