Fiscales del caso 'procés' se oponen a amnistía para Puigdemont y otros encausados
Los cuatro fiscales del caso 'procés' han entregado un informe al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el que expresan su negativa a amnistiar la malversación atribuida a los encausados, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont.
Según los fiscales, la amnistía es improcedente y contraria a las leyes, ya que consideran que Puigdemont y otros encausados tuvieron ánimo de lucro y afectaron a los intereses financieros de la Unión Europea.
Informe de los fiscales
En el informe, los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno destacan que es indudable que los encausados sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar un proyecto inconstitucional de desintegración de España.
Además, los fiscales inciden en que esos fondos no han sido restituidos y que la finalidad del 'procés' fue la desintegración de España, lo que supone un riesgo de fractura territorial de la UE y la consiguiente disminución de los ingresos y fondos que forman parte de su presupuesto.
Rechazo a la amnistía
Los fiscales concluyen que la amnistía es improcedente y contraria a las leyes y que, por lo tanto, no deben ser amnistiados los delitos de malversación atribuidos a los encausados.
Si el fiscal general, Álvaro García Ortiz, no está de acuerdo con esta conclusión, deberá expresar su opinión por escrito y convocar a la Junta de Fiscales para debatir el asunto.
Consecuencias
Si García Ortiz impone la amnistía a pesar de la oposición de los fiscales, estos no firmarán el decreto y será el propio fiscal general quien deba hacerlo.
En cualquier caso, la Fiscalía debe establecer un criterio sobre la aplicación de la amnistía a la malversación del 'procés' en un plazo de cinco días.
Peticiones a los tribunales
Los fiscales también piden que se plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE y una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ya que consideran que la norma puede ser inconstitucional.
Por lo tanto, solicitan la suspensión del procedimiento hasta que se resuelva esta cuestión.
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