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Luisiana en vía de criminalizar el uso de pastillas abortivas
El Senado de Luisiana ha aprobado un proyecto de ley que busca agregar la mifepristona y el misoprostol a la lista de sustancias controladas, lo que convertiría a Luisiana en el primer estado en EE. UU. en criminalizar el uso de pastillas abortivas.
La Cámara de Representantes de Luisiana había aprobado previamente el proyecto de ley con 29 votos a favor y siete en contra. Ahora, el texto estará en manos del gobernador estatal, el republicano Jeff Landry, quien se espera que lo firme y lo convierta en ley.
Consecuencias para los pacientes y profesionales
Si se convierte en ley, esta norma agregaría los medicamentos abortivos a la lista de sustancias que pueden ser altamente adictivos como opioides o antidepresivos. Esto significaría que los médicos necesitarían una licencia especial para recetar estas sustancias y que las autoridades realizarían un seguimiento del paciente, el médico y la farmacia involucrados en cada receta.
Además, la posesión de estas pastillas sin receta válida u orden de un profesional podría conllevar hasta cinco años de prisión. Esto ha generado gran preocupación entre los defensores de los derechos reproductivos y los profesionales de la salud.
El contexto político
El aborto es ilegal en Luisiana, excepto en circunstancias muy limitadas y sin excepciones en casos como el incesto o la violación. Esta medida forma parte de una ofensiva más amplia contra el derecho al aborto en los Estados Unidos.
Después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara el caso 'Roe vs Wade' en mayo de 2022, numerosos estados controlados por el Partido Republicano han restringido o prohibido el aborto. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, ha calificado esta medida como absolutamente inconcebible y ha culpado al expresidente Donald Trump de esta situación.
La aprobación de esta ley en Luisiana es un ejemplo más de la creciente restricción del acceso al aborto en los Estados Unidos. Los defensores de los derechos reproductivos ven esta medida como un retroceso en la lucha por la igualdad y la justicia.
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