- El Constitucional avala la reforma penal que castiga el acoso ante las clínicas de aborto
- Tribunal Constitucional avala la reforma del Código Penal que castiga el acoso a mujeres que acuden a clínicas para abortar
- La ley protege la libertad de las mujeres para abortar
- La protección de la libertad de las mujeres es fundamental
- No se vulneran las libertades de expresión y manifestación
- La intimidad de las víctimas está protegida
El Constitucional avala la reforma penal que castiga el acoso ante las clínicas de aborto
En un histórico fallo, el Tribunal Constitucional ha avalado la reforma penal que tipifica como delito el acoso a mujeres y profesionales de la salud en las clínicas de aborto. Esta decisión supone un importante avance en la lucha contra la intimidación y el acoso a personas que buscan acceder a servicios de salud reproductiva. La reforma, que entró en vigor en 2021, establece penas de hasta tres años de prisión para aquellos que impidan o dificulten el acceso a clínicas de aborto. Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional da un paso fundamental hacia la protección de los derechos de las mujeres y la garantía del acceso a servicios de salud segura y legal.
Tribunal Constitucional avala la reforma del Código Penal que castiga el acoso a mujeres que acuden a clínicas para abortar
El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox contra la reforma del Código Penal que, desde 2022, castiga el acoso a las mujeres que acuden a clínicas para abortar.
La sentencia, redactada por la magistrada del ala progresista María Luisa Balaguer, determina que la norma es constitucional, y así lo ha respaldado también una mayoría del Pleno, con el voto particular de los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa.
La ley protege la libertad de las mujeres para abortar
La ley sanciona, con penas de tres meses a un año, a todo aquel que realice actos molestos, ofensivos, intimidatorios o coactivos que menoscaben la libertad de las mujeres ante las clínicas abortivas.
El texto, que recibió el visto bueno en sede parlamentaria hace ya dos años pese al rechazo del PP y Vox, también otorga a los tribunales la posibilidad de vetar el acceso a determinados lugares de seis meses a tres años a quienes incurran en estos delitos.
La protección de la libertad de las mujeres es fundamental
El TC defiende la libertad de las mujeres para abortar, considerando que el delito de acoso para obstaculizar el derecho al aborto no tiene otro objetivo que la protección de un interés con cobertura constitucional suficiente, como es la garantía de la libertad de las mujeres para interrumpir de forma voluntaria su embarazo.
La sentencia determina que esta libertad está conectada con otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida y a la integridad física y moral; o al deber de los poderes públicos a salvaguardar la salud pública de los ciudadanos.
No se vulneran las libertades de expresión y manifestación
La sentencia niega que el artículo 172 quater del Código Penal produzca, por su severidad, un sacrificio innecesario o desproporcionado del derecho a la libertad de expresión o el derecho de manifestación cuyo ejercicio, efectivamente, se ve afectado por la norma recurrida.
Los magistrados alegan que la norma no persigue los actos molestos u ofensivos, sino la acción de acosar que, recuerda, está tipificada en el Código Penal y profusamente desarrollado por la jurisprudencia.
La intimidad de las víctimas está protegida
Respecto a una supuesta vulneración del derecho a la intimidad de las víctimas, el Pleno reconoce que la persecución del delito puede incidir en la intimidad de la víctima que ha decidido no denunciar y no exponer sus vivencias en torno a la decisión de abortar.
Pero, según alega el TC, se trata de un sacrificio justificado por el interés público de la investigación del delito y porque el libre ejercicio a la interrupción voluntaria del embarazo está relacionado con la garantía al igual disfrute entre hombres y mujeres, y con el derecho a la salud sexual y reproductiva en un contexto social en el que el ejercicio de este derecho por las mujeres aún experimenta dificultades estructurales.
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