En Italia, la reciente autorización para que grupos antiabortistas ingresen a clínicas de interrupción de embarazos ha desatado una intensa controversia en la sociedad. La medida, que permite a estos grupos posicionarse cerca de las instalaciones médicas que brindan servicios de aborto, ha generado críticas y preocupación entre defensores de los derechos reproductivos. La presencia de estos grupos en las cercanías de las clínicas supone un desafío para el acceso seguro de las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva, y plantea interrogantes sobre la seguridad y privacidad de las personas que acuden a dichos centros. La decisión ha avivado el debate en torno al equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la salud de las mujeres.
Aprobado en Italia acceso de grupos antiabortistas a clínicas, desata controversia y críticas
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en rueda de prensa desde Kiev, ha generado una polémica en Italia tras la aprobación del Parlamento de un plan para incentivar la maternidad, el cual incluye entre sus medidas el permiso a los activistas antiaborto de entrar dentro de las clínicas que practican interrupciones del embarazo.
Este plan, financiado con cargo a los fondos de recuperación de la pandemia de la UE, del cual Italia es el mayor beneficiario, también contempla la financiación de grupos antiabortistas en todo el país. Esta medida ha generado indignación y debate sobre los derechos de la mujer en el país.
Medidas antiaborto en Italia generan indignación y debate sobre derechos de la mujer
El aborto fue legalizado en Italia en 1978 mediante la Ley 194. A pesar de que la primera ministra Meloni ha prometido no cambiar la ley, acceder a abortos seguros en el país se ha vuelto cada vez más difícil debido al elevado número de ginecólogos que se niegan a practicar interrupciones del embarazo por motivos morales o religiosos.
Según datos del Ministerio de Sanidad de 2021, alrededor del 63% de los ginecólogos italianos se niegan a realizar el procedimiento, lo que dificulta el acceso de las mujeres a servicios de salud reproductiva.
Elly Schlein, líder del Partido Demócrata (PD), ha calificado la medida como un fuerte ataque contra la libertad de las mujeres, mientras que Silvia Roggiani, diputada del PD, ha afirmado que la derecha continúa mostrando su naturaleza oscurantista y patriarcal intentando erosionar los derechos de las mujeres.
Para Luisa Rizzitelli, activista por los derechos de las mujeres, esta medida representa un intento del gobierno de persuadir a las mujeres a cambiar de opinión, lo cual considera inaceptable.
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