Suspensionan la condena a prisión para cuatro empresarios condenados por tráfico de menores en la Región de Murcia

Suspensionan la condena a prisión para cuatro empresarios condenados por tráfico de menores en la Región de Murcia

En un polémico y controvertido fallo, la justicia ha decidido suspender la condena a prisión para cuatro empresarios que habían sido encontrados culpables de tráfico de menores en la Región de Murcia. Esta decisión ha generado un gran impacto social, ya que la opinión pública esperaba que los acusados cumplieran con la pena correspondiente por sus delitos. La suspensión de la condena ha generado un clima de incredulidad y indignación entre la sociedad civil, que considera que esta medida es un precedente peligroso para la lucha contra la explotación infantil.

Audiencia Provincial de Murcia suspende penas de prisión para cuatro empresarios condenados por tráfico de menores

La Audiencia Provincial de Murcia ha decidido suspender la pena de prisión para cuatro de los trece condenados en una red de prostitución de menores. Esta decisión se tomó en la primera de las dos vistas convocadas esta semana para revisar el acuerdo de conformidad al que llegaron los abogados y la Fiscalía el pasado 11 de septiembre.

Según el acuerdo, los condenados reconocerían los hechos a cambio de reducir sus penas a cinco meses por cada contacto con menores. Al no superar en total los dos años, evitarán la cárcel.

Condiciones para evitar la cárcel

Uno de los condenados, un empresario, se trata de un caso especial. Aunque fue condenado a cinco penas de cinco meses de prisión cada una, es decir, dos años y un mes, evitará la cárcel a condición de no volver a delinquir en el plazo de cuatro años, no acercarse a menos de 500 metros de las víctimas, y seguir un programa de reeducación.

La Sala considera que el condenado tiene derecho a ese beneficio al ser delincuente primario, haber pagado la multa que le fue impuesta y no superar los dos años la pena por cada delito.

Fiscalía recurrirá la decisión

La Fiscalía, ahora ejercida por otro magistrado distinto al que llegó al acuerdo con la abogacía hace un mes, ha sorprendido anunciando que recurrirá esta decisión. El nuevo fiscal ha sostenido que debía tenerse en cuenta el total de sus penas que, en el caso de este empresario, sí suman dos años y un mes, por lo que sí supera el umbral de dos años para ir a la cárcel.

Por otro lado, la Audiencia ha acordado la suspensión de la pena de prisión de otros tres empresarios con el respaldo del Ministerio Público.

Antecedentes del caso

Los hechos ajusticiados tuvieron lugar hace una década. Fue en 2015 cuando la Policía Nacional dio por desarticulada esta red que captaba a jóvenes de entre 14 y 17 años en colegios y discotecas de la Región de Murcia, o bien a través de anuncios de Internet para que se prostituyeran en pisos de alterne y a domicilio.

En el operativo inicial fueron arrestadas 29 personas, entre las que figuraban las tres máximas responsables de la organización y 15 demandantes de servicios sexuales que solicitaron expresamente a menores de edad.

La red actuaba en Murcia, sus pedanías y municipios de alrededor como Lorquí. El perfil de los clientes, por su parte, era muy variado, con edades de 40 a los 80 años, y llegaban a pagar desde 80 a 200 euros por cada servicio.

Parte de este montante se lo llevaban las víctimas y otra los organizadores, tal y como trascendió cuando se dio a conocer el operativo.

Desde que se conoció la sentencia de conformidad, han sido varias las organizaciones que han pedido el ingreso en prisión de los condenados, la última de esas manifestaciones ha sucedido este domingo a las puertas de la Audiencia, una concentración que se ha repetido este lunes.