En un movimiento que puede tener importantes consecuencias en el ámbito laboral, el Tribunal Constitucional ha decidido solicitar la intervención de la Corte de Justicia de la Unión Europea para aclarar el estatus laboral de los funcionarios públicos que no cuentan con un contrato fijo. Esta petición surge en un contexto de inseguridad jurídica en cuanto a los derechos y obligaciones de estos empleados, que se encuentran en una situación de incertidumbre respecto a su situación laboral. La solicitud declarativa del Tribunal Constitucional busca obtener una interpretación clara y unificada sobre la materia, con el fin de proteger los derechos de los funcionarios públicos y garantizar la seguridad jurídica en el ámbito laboral.
TJUE: ¿Qué es un trabajador fijo en el sector público?
El Tribunal Supremo ha presentado dos preguntas a la Corte de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para aclarar la situación laboral de los funcionarios públicos sin contrato fijo.
Dudas sobre el estatus laboral de funcionarios públicos sin contrato fijo
La sentencia del TJUE del pasado mes de enero sobre los requisitos para el reconocimiento de la condición de trabajadores fijos en el sector público ha generado dudas en el Tribunal Supremo. El pleno de la sala de lo social ha elevado dos preguntas a la institución comunitaria para aclarar la situación de los empleados no fijos con contrato indefinido en las Administraciones Públicas.
La primera pregunta se refiere a la compatibilidad del derecho de la Unión Europea con los procesos de acceso a puestos de trabajo públicos y con las normas del ordenamiento jurídico nacional que garantizan el derecho de acceso a este tipo de empleo.
La segunda pregunta se centra en si el pago a dichos trabajadores de una indemnización disuasoria, superior a la actualmente reconocida (20 días de salario por año de servicio), sería una medida adecuada y suficiente para cumplir con la normativa comunitaria en la prevención y sanción de los abusos derivados de la utilización indebida de contratos temporales en el sector público.
El TJUE insta a España a convertir miles de contratos públicos de interinos en fijos
El Tribunal Supremo recuerda que, en España, la declaración de que una persona debe ser considerada como indefinido no fijo implica su derecho a seguir trabajando, pese a que accedió solo para un período temporal, y reclama del empleador la convocatoria de la plaza.
También incluye una indemnización equivalente a la del despido por problemas empresariales en caso de no superar las pruebas convocadas, descarta que pueda invocarse un término final para extinguir el contrato y extiende al indefinido no fijo todos los derechos del personal fijo.
Aclarar esto es relevante, añade el Supremo, porque está en juego tanto el derecho a la no discriminación y la libre circulación de cuantas personas quisieren intentar acceder al empleo público desempeñado por quien solo debía haberlo hecho de modo temporal.
Existen numerosas garantías y cautelas para proteger a estas personas indefinidas no fijas, pero sin que ello implique concederles la definitiva propiedad del puesto desempeñado.
El pasado 22 de febrero, el TJUE instó a España a convertir en fijos a los interinos de larga duración que no han obtenido aún su plaza, los denominados indefinidos no fijos.
El tribunal europeo señaló entonces que los empleos indefinidos no fijos deben considerarse como trabajos de duración determinada, si bien advirtió contra la consecución abusiva de contratos públicos en varias administraciones españolas.
Esta semana, el Supremo ha rechazado que los empleados temporales que han pasado a ser indefinidos no fijos puedan acceder a concursos de traslado, al entender que no son equiparables a los que accedieron a su plaza mediante un oposición.
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