En un caso que ha generado gran polémica y debate en el ámbito judicial, una jueza con un 90% de discapacidad ha decidido interponer un recurso ante el Tribunal Supremo para impugnar la decisión que la declaró 'inidónea' para ocupar un puesto judicial. Esta jueza, que ha demostrado una gran capacidad y dedicación en su labor, se siente discriminada y minusvalorada por la institución debido a su condición de discapacidad. La jueza argumenta que su condición no es un obstáculo para desempeñar sus funciones y que la decisión es discriminatoria y arbitraria. Este caso plantea cuestiones fundamentales sobre la inclusión y el acceso a la justicia para personas con discapacidad.
Jueza con discapacidad interpone recurso en el Supremo contra decisión de 'inidoneidad' para el puesto judicial
La jueza Jimena García-Pérez Alonso ha recurrido al Tribunal Supremo, solicitando que anule la resolución que la declaró 'inidónea' para el puesto de jueza sustituta del Juzgado de Primera Instancia de Llanes, en Asturias. La jueza cuenta con más de una década de experiencia como abogada y tiene acreditado un 90% de discapacidad.
La jueza García-Pérez había sido nombrada jueza sustituta en Llanes en septiembre de 2022, en un acto en el que estuvo apadrinada por el magistrado Julio Luis Gallego Otero, de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). En aquella ocasión, el presidente del TSJA, Jesús María Chamorro González, destacó la 'profesionalidad' y los 'méritos' por los que había sido elegida.
La representación legal de la jueza presentó un recurso en contra de la declaración de inidoneidad ante el Supremo, solicitando como medida cautelar la suspensión de su destitución, hasta que se resuelva el fondo del recurso. Sin embargo, la Sala Tercera del TSJA ya ha rechazado esta cautelar.
La jueza García-Pérez tiene una historia personal particularmente inspiradora. Fue sometida a un doble trasplante de hígado cuando tenía solo 12 años y desde entonces ha necesitado tratamiento inmunosupresor. A pesar de esta condición, ha desarrollado una vida profesional plena y ha logrado reconocer una discapacidad del 90%, que no le ha impedido ser una abogada exitosa.
Tras su nombramiento como jueza sustituta en Llanes, permaneció en el puesto durante tres meses. Después de la declaración de 'inidoneidad', tomó una baja laboral y decidió recurrir al Supremo. En su recurso, la jueza García-Pérez argumenta que el presidente de la Audiencia Provincial de Asturias le concedió una prórroga para que pudiera concluir los asuntos pendientes en el Juzgado de Primera Instancia de Llanes, lo que, a su juicio, no casa con la apertura de un expediente por retrasos en la tramitación de un asunto, dado el nivel de saturación con el que trabajan los juzgados en términos generales.
El caso de la jueza García-Pérez ha generado gran interés y solidaridad en el ámbito jurídico, y se sigue con atención su evolución en el Tribunal Supremo.
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