Barcelona aprueba la creación de una Oficina de asesoramiento y apoyo a propietarios afectados por ocupaciones ilegales

Barcelona ha dado un paso importante en la defensa de los propietarios afectados por ocupaciones ilegales al aprobar la creación de una Oficina de asesoramiento y apoyo específicamente diseñada para brindar ayuda en situaciones de este tipo. Esta iniciativa busca ofrecer asistencia legal y orientación a aquellos propietarios que se vean enfrentados a la problemática de ocupaciones ilegales, brindándoles un recurso especializado y de confianza en momentos de incertidumbre. La creación de esta Oficina responde a la necesidad de proteger los derechos de los propietarios y fomentar un entorno seguro y justo en el ámbito de la vivienda en la ciudad de Barcelona. Sin duda, esta medida representa un avance significativo en la lucha contra las ocupaciones ilegales y la garantía de los derechos de propiedad en la región.

Barcelona aprueba creación de Oficina de asesoramiento a propietarios afectados por ocupaciones ilegales

El Pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una propuesta para crear una Oficina de asesoramiento y soporte a los propietarios afectados por ocupaciones ilegales. Se trata de una propuesta del PP, que ha transaccionado con el PSC y que ha prosperado con los votos favorables de Trias por Barcelona y Vox. Han votado en contra a los Comuns y ERC.

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La medida contempla también aplicar el Protocolo dictado por el consistorio sobre las actuaciones a realizar ante ocupaciones de inmuebles municipales; poner en marcha una unidad especializada de la GUB, que trabaje de forma coordinada con los Mossos d'Esquadra; e instar al Estado a apoyar la tramitación de las medidas legislativas adecuadas para proteger la propiedad privada.

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El concejal del PP, Daniel Sirera, ha remarcado la necesidad de que Barcelona deje de ser una ciudad ocupa friendly y ha lamentado que la capital catalana se haya convertido en un paraíso para los antisistema. En este sentido, ha defendido la puesta en marcha de la nueva oficina para dar respuesta a las necesidades de los propietarios que actualmente se encuentran solos. También ha considerado imprescindible desalojar los 22 pisos de titularidad municipales que a su juicio están ocupados desde hace más de 22 años, y poner en marcha una unidad de la Guardia Urbana especializada en la materia que trabaje de la mano de los Mossos d'Esquadra.

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El teniente de alcalde de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle, ha recordado que ya existen varios recursos municipales para atender esta problemática, pero se ha mostrado predispuesto a integrarlos en una oficina centralizada y especializada desde de la que puedan operar con mayor eficiencia.

Por su parte, Jordi Martí de Trias por Barcelona ha expresado su apoyo a la medida, puesto que da continuidad y coherencia a los planteamientos que ha defendido y promovido esta formación. Sin embargo, ha recordado que los máximos responsables de la situación en la que se encuentra la capital catalana son la exalcaldesa Ada Colau y el actual alcalde, Jaume Collboni.

El concejal Liberto Senderos de Vox, ha lamentado que España sea el único país donde se vulneran los derechos de los propietarios de esta forma. Ha dicho que la oficina es necesaria porque en estos momentos los propietarios están desamparados.

Tanto los comunes como ERC se mostraron muy críticos con la propuesta que ha liderado Daniel Sirera. Marc Serra, concejal de BComú, ha asegurado que las ocupaciones en Barcelona se han reducido en los últimos años. Ha expuesto datos de la Fiscalía General del Estado y ha dicho que las diligencias abiertas por usurpación de vivienda en la capital catalana en el último año han descendido un 10%.

Por su nada, Eva Baró (ERC), se ha mostrado taxativa y ha avisado de que no se puede aplicar la misma vara de medir a las ocupaciones delincuenciales y a las precarias. Baró ha asegurado que la ciudad ya dispone de servicios municipales con profesionales capaces de mediar en este tipo de supuestos y ha recordado que más del 80% de las ocupaciones se realizan en viviendas propiedad de grandes tenedores.