Congreso aprobó la amnistía, pero Gobierno expresa inquietud ante posibles intentos judiciales para obstruir su aplicación

En un histórico momento para el país, el Congreso aprobó la amnistía, una medida que busca reparar y reconciliar a la sociedad después de años de conflicto. Sin embargo, el Gobierno ha expresado su inquietud ante la posibilidad de que algunos intentos judiciales traten de obstruir la aplicación de esta medida. La aprobación de la amnistía es un paso importante hacia la reconciliación nacional, pero el Ejecutivo está vigilante ante cualquier intento de desacelerar o anular este proceso.

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Amnistía aprobada, pero Gobierno prevé retrasos y desafíos judiciales

La ley de amnistía llega este jueves al final de su largo, tortuoso y polémico camino parlamentario. El Congreso debatirá una vez más el texto y, con toda probabilidad, derribará los vetos que aprobó hace un par de semanas el Senado, lo que implica que la norma será puesta en marcha de manera definitiva en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Desde entonces, los encausados y condenados por el procés podrían comenzar a ser amnistiados, pero este jueves comienza un segundo pulso, puesto que el Gobierno da por descontado que una parte de la judicatura tratará de buscar vías para evitar aplicar la ley.

Un largo camino parlamentario

Un largo camino parlamentario

El de este jueves será el último debate parlamentario de una iniciativa que ha sufrido una tramitación muy convulsa, y que incluso llegó a peligrar en febrero por desacuerdos entre PSOE y Junts sobre su alcance y su redacción.

No obstante, el Gobierno y sus socios han conseguido superar todos los escollos para aprobar la norma y, aunque con toda probabilidad el texto será llevado ante el Tribunal Constitucional por la oposición, los socialistas han llegado incluso a presumir de que poner en marcha la amnistía ha apuntalado sus históricos resultados en las elecciones autonómicas de Cataluña, en las que el independentismo perdió la mayoría por primera vez desde 2012.

Oposición y reacciones

Aunque en las últimas semanas la amnistía ha perdido una parte de su presencia en el debate público, el debate de este jueves volverá a traerla al primer plano de la actualidad.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tomará la palabra este jueves para defender la gravedad de una amnistía que, aseguran los populares, acabará con la igualdad ante la ley de los españoles. Feijóo pidió hace unos días a Sánchez que no apruebe semejante acto de indignidad política, moral y judicial.

Desafíos judiciales

El Gobierno considera que la ley está blindada ante el más que probable recurso del PP ante el Tribunal Constitucional. Lo que sí causa intranquilidad en el seno del Ejecutivo, confiesan algunas fuentes, es que algunos jueces puedan realizar interpretaciones legales interesadas para bloquear la aplicación de una norma que, a juicio del Gobierno, es legítima y perfectamente ajustada a derecho.

Estas fuentes apuntan, en este sentido, al correo electrónico que recibieron hace unos días todos los jueces españoles con una guía contra la amnistía, un texto que incluye dos formularios para que los magistrados puedan elevar cuestiones de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales contra la norma al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Vías para congelar la amnistía

Hay varios supuestos en los que la amnistía puede acabar paralizándose e incluso no aplicarse finalmente. Por un lado está la posibilidad de que un juez considere que la ley de amnistía puede entrar en conflicto con la Constitución española, en cuyo caso deberá trasladar una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Por otro lado, un juez puede dudar sobre el encaje de la ley de amnistía en el derecho europeo. Si esto ocurre, debe presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dirimirá sobre esta cuestión.

Si este tribunal considera que una norma nacional es contraria a una normativa comunitaria, el juez tiene que dejar de aplicarla y atenerse a la interpretación del tribunal europeo. Y, según dicta la jurisprudencia de la UE, la causa correspondiente quedará en suspenso hasta que el tribunal europeo resuelva.

Patricia Martínez

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