El próximo 1 de julio, una nueva norma entra en vigor y podría afectar a un gran número de ascensores en todo el país. Según los expertos, nada menos que cuatro de cada diez ascensores podrían verse afectados por esta nueva regulación, lo que supone un gran impacto en la seguridad y el funcionamiento de estos dispositivos. La norma establece una serie de requisitos de seguridad más estrictos que los propietarios de edificios y responsables de los ascensores deberán cumplir, bajo pena de multas de hasta 30.000 euros. Esta medida busca garantizar la seguridad de los usuarios de los ascensores, pero también supone un gran desafío para los dueños de edificios y empresas de mantenimiento.
Nueva norma para ascensores: ¿cómo se verán afectados?
A partir del 1 de julio, entra en vigor la nueva normativa que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, lo que supondrá un cambio significativo para los propietarios y usuarios de estos sistemas de transporte vertical.
Ascensores: nuevas obligaciones y multas de hasta 600.000 euros
La nueva norma establece nuevas obligaciones para los propietarios de ascensores, que deberán asegurar que funcionen de manera segura y cumplan con la normativa. En caso de incumplimiento, podrían enfrentar multas de hasta 600.000 euros.
La ITV de los ascensores: ¿qué cambios traerá para los propietarios y usuarios?
La nueva norma introduce la figura del propietario como responsable de la contratación de las inspecciones periódicas que sirven para comprobar que el ascensor cumple con las normas de seguridad. Además, los propietarios deberán disponer y guardar el manual de funcionamiento y el registro de mantenimiento del ascensor.
Ascensores: ¿qué medidas de seguridad deben implementar los propietarios para evitar multas?
Los propietarios deberán implementar medidas de seguridad como la nivelación entre la cabina y planta, cortinas ópticas que aseguren la protección del usuario ante el cierre de puertas, un sistema de comunicación en el habitáculo para rescatar a usuarios atrapados, entre otras. Además, deberán realizar una actualización del contrapeso y un remplazo de las guías con condiciones de seguridad insuficientes.
La nueva ITC elimina la figura del responsable de ascensor en las comunidades de vecinos, pero la comunidad tendrá un rol fundamental en la coordinación de las revisiones y el mantenimiento necesario con la empresa mantenedora.
El presidente de la comunidad deberá actuar como supervisor durante las intervenciones en los ascensores, asegurándose de que los trabajos de mantenimiento se realizan correctamente y dentro de los plazos establecidos.
Los plazos de mantenimiento dependerán de la tipología y uso del ascensor, aunque se puede considerar que se deberán hacer de manera aproximada cada cuatro meses si la vivienda es unifamiliar o se trata de un ascensor de baja velocidad. El resto de ascensores deberán llevar a cabo este proceso una vez al mes.
Las inspecciones periódicas deben hacerse cada 2 años en ascensores de edificios industriales o de pública concurrencia. En el caso de edificios con más de 20 viviendas o más de cuatro plantas, las inspecciones se realizarán cada cuatro años. El resto de ascensores tendrán que realizar estas revisiones cada seis años.
El gasto extra que supondrá la implementación de estas medidas se estima en unos 708 millones de euros en 7 años, lo que supondrá un incremento en los recursos necesarios para las actividades de mantenimiento y, por tanto, en los costes, de entre el 10% y el 20% respecto a la situación actual.
Los nuevos equipos ya disponen de casi todos los elementos que la norma indica, como cortinas de infrarrojos a lo largo de toda la puerta o comunicador bidireccional. Desde el punto de vista del mantenimiento, se calcula que a nivel sectorial puede suponer entre un 20 y un 30% más de tareas de mantenimiento dependiendo de la compañía.
La nueva normativa supone ampliar las obligaciones de las empresas conservadoras, siendo necesario contar con un seguro de responsabilidad civil de 600.000 euros por siniestro y garantizar durante un período de dos años la corrección de las deficiencias atribuidas a una mala ejecución de las operaciones encomendadas.
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