El Gobierno aprueba que los convenios autonómicos prevalezcan sobre los estatales
En un hitó histérico para la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, el Gobierno ha aprobado una medida que otorga precedencia a los convenios autonómicos sobre los estatales en aquellos casos en que exista conflicto entre ambos. Esta decisión, que se enmarca en el marco de la descentralización y el reforzamiento de la autonomía de las regiones, supone un cambio significativo en la relación entre el Estado y las comunidades autónomas. A partir de ahora, los acuerdos alcanzados entre el Estado y las comunidades autónomas tendrán mayor peso que los reglamentos estatales, lo que permitirá una mayor flexibilidad y adaptabilidad en la toma de decisiones.
El Gobierno aprueba la reforma del subsidio de paro pactada con sindicatos
El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros un decreto ley que establece que los convenios colectivos autonómicos prevalecerán sobre los de ámbito estatal. Esto significa que en caso de que exista un convenio para todo el país y otro para una comunidad en concreto, tendrá prioridad el segundo.
Esta medida forma parte del acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y el PNV para elegir a Sánchez como presidente. El Ejecutivo ya intentó sacar adelante esta medida a finales del año pasado, pero la negativa de Podemos a aceptar la convalidación de la normativa de los subsidios dio al traste con la iniciativa.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha destacado que la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales ya estuvo presente en la legislación española durante varios años. Además, ha añadido que este cambio respeta el espíritu de la reforma laboral. Solo se va a aplicar el convenio autonómico siempre que sus formulaciones sean más favorables para el trabajador o trabajadora, sostiene la vicepresidenta.
Reforma de los subsidios y anulación del despido automático por discapacidad sobrevenida
El Gobierno también aprobará la reforma de los subsidios y anulará el despido automático por discapacidad sobrevenida. Sin embargo, esta medida no ha sido bien recibida por empresarios ni sindicatos, que han lamentado en varias ocasiones que no se haya sometido al diálogo social.
La patronal CEOE acusó al Ejecutivo de falta de lealtad y confianza cuando se intentó aprobar el cambio en la prevalencia de los convenios el pasado diciembre. Para los empresarios, esta medida supone una enmienda a la reforma laboral, atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional y supone un deterioro de la cohesión social y de la competitividad española.
Los sindicatos también se han pronunciado en contra de dar este paso. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, censuró que la reforma no se consultara en el diálogo social. Si no lo aprobamos en la anterior reforma laboral es porque no hubo acuerdo. Sería mucho más recomendable que España pudiera tener una ley de negociación colectiva para evitar solapamientos, expresó entonces Álvarez.
Unai Sordo, secretario general de CCOO, también se pronunció en contra de la medida. No tenemos nada en contra de los convenios autonómicos, pero no es de recibo que se modifique el Estatuto de los Trabajadores en algo tan sensible como la negociación colectiva sin siquiera hablarlo con los agentes implicados en la negociación de los convenios, trasladó el pasado mes de enero.
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