En un ultimátum sin precedentes, el Gobierno ha otorgado un plazo de siete días a la Comunidad Autónoma de Aragón para que ratifique la ley de concordia con el Estado. Esta medida se toma tras el estancamiento en las negociaciones entre ambas partes, y supone un pasaje crucial en la relación entre la Comunidad Autónoma y el Estado. Si no se produce la ratificación en el plazo establecido, el Gobierno no dudará en recurrir al Tribunal Constitucional para que resuelva la situación, lo que podría tener consecuencias políticas y jurídicas de gran alcance.
El Gobierno impone plazo de 7 días a Aragón para ratificar ley de concordia
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que dará un plazo de 7 días al Gobierno de Aragón para que revise la ley de concordia, antes de recurrir al Tribunal Constitucional.
El ministro Torres advierte que recurrirá a Tribunal Constitucional si Aragón no rectifica ley de concordia
El ministro Torres ha informado que ya envió una comunicación a los gobiernos de Castilla y León, Comunidad Valenciana y Aragón, así como a sus respectivos parlamentos, para advertirles sobre sus mal llamadas leyes de concordia.
El objetivo es llevar la única norma de las tres que ha sido aprobada -la de Aragón- ante el Tribunal Constitucional, para que vuelva al sentido común y al respeto a los derechos humanos.
Si esto no fuera posible, lógicamente, el siguiente paso sería el Tribunal Constitucional o cualquier otra institución que preserve los Derechos Humanos, ha dicho Torres.
El ministro ha asegurado que esperará seis o siete días a que llegue esta respuesta antes de interponer el recurso, lo que tendría que hacer antes del 27 de mayo.
Aragón precedió en enero a la derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática de 2018 y en abril puso en marcha un plan de concordia.
El Gobierno considera que estas normas autonómicas pueden invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, y omiten nombrar o condenar dicho régimen.
El ministro ha asegurado que es muy relevante que la Constitución diga que hay que preservar la Declaración Universal de Derechos Humanos, además de los convenios internacionales ratificados por España.
Llamo a Feijóo a que se coloque del lado de los derechos humanos, de las cartas firmadas por España y de los convenios que ratifica España, ha lanzado al líder de la oposición.
El Ejecutivo sostiene que la entrada de la ultraderecha en las Administraciones es el motivo por el cual aparecen estas normas.
Antes, los principales partidos 'caminaban de la mano' en un camino que se inició en la Transición, ha defendido el ministro del ramo.
El ministro ha criticado que el PP y Vox desacrediten a la ONU por recordárselo, y ha asegurado que supone un gran desprestigio internacional.
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