El Gobierno presentó recurso ante el Tribunal Constitucional para salvar la ley de memoria histórica de Aragón

El Gobierno presentó recurso ante el Tribunal Constitucional para salvar la ley de memoria histórica de Aragón

En un intento por proteger la ley de memoria histórica de Aragón, el Gobierno ha decidido presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Esta medida se toma para evitar la inconstitucionalidad de la normativa que busca preservar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista en la comunidad autónoma. El objetivo es salvaguardar la integridad de la ley y asegurar que se continúe trabajando en la recuperación de la memoria histórica de Aragón. El recurso es un paso importante para garantizar que se respete la voluntad popular y se proteja el patrimonio histórico de la región.

Gobierno presenta recurso al Tribunal Constitucional para frenar ley de memoria histórica de Aragón

El Consejo de Ministros ha aprobado presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la ley de concordia aprobada por el Gobierno de Aragón de PP y Vox, con el que no ha alcanzado ningún acuerdo.

El Ejecutivo considera que Aragón ha incumplido su deber de colaboración con el Estado en la aplicación de la normativa nacional de memoria al derogar la anterior normativa, que data de 2018. Recurrimos a la Constitución para impedir que nadie reescriba la historia, anunció este martes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

La decisión llega al cumplirse tres meses de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la citada norma, periodo que había establecido para tratar de llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y el central, algo que finalmente no se ha producido.

Según Torres, desde el Gobierno de Pedro Sánchez intentaron abrir un diálogo formal con Aragón para llegar a un acuerdo, pero ha lamentado que el Ejecutivo autonómico rechazó sentarse a la mesa a negociar, lo que ha calificado de inusual.

La convocatoria de una comisión bilateral es un paso necesario para que el Gobierno pueda interponer un recurso ante el Constitucional, según la LOTC. Torres ha explicado que el Gobierno toma esta decisión con el aval del Consejo de Estado y reprocha a Aragón que su ley retira placas de señalización de campos de concentración, así como de lugares de memoria y el mapa de fosas comunes, entre otras medidas.

El Gobierno de España ha querido hablar, sentarse y negociar, ha sido el Gobierno de Aragón el que ha dicho que no, ha puntualizado Torres, que ha dicho que con esta decisión la coalición del PP y Vox dice no al Gobierno de España, a Naciones Unidas, al informe de los relatores de la ONU que instan a tomar medidas sobre estas normas, al derecho internacional así como a la preservación de los derechos humanos.

También ha cargado contra el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, preguntándose por qué sus presidentes autonómicos retiran las leyes de concordia y la condena al franquismo de las mismas si realmente él condena la dictadura franquista. Si creen en la condena nos preguntamos por qué invisibiliza al bando democrático, ha lanzado.

Por todo ello, por defender la memoria y para impedir que nadie reescriba la historia, recurrimos a la Constitución que muchos dicen defender y luego olvidan aplicar, ha fijado.

El ministro de Memoria Democrática avanzó hace meses que elevaría las normativas de Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana ante Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa. También aseguró que si estas tres comunidades no se sentaban para dar un paso atrás el Gobierno interpondría un recurso ante el Constitucional, lo que ha hecho con la única que está aprobada, que es la de Aragón, y después de que esta comunidad haya declinado sentarse a negociar.

Torres también ha avanzado que el Gobierno recurrirá las proposiciones de ley de Castilla y León y la Comunidad Valenciana una vez se conviertan en leyes. Ha detallado que los trámites parlamentarios están paralizados en este momento, lo que quiere pensar que se debe a que están reconsiderando el texto y no por el periodo electoral, ha señalado.

Si se terminan aprobando como las conocemos, indudablemente arbitraremos el mecanismo inicial (de diálogo) y luego también iríamos al Tribunal Constitucional, ha avanzado el ministro.