El Gobierno y la Comunidad de Madrid acuerdan un plazo de seis meses para debatir las discrepancias en torno a la reforma de la ley trans autonómica.

El Gobierno y la Comunidad de Madrid han acordado darse seis meses para abordar las discrepancias surgidas en relación a la reforma de la ley trans autonómica. Este plazo se establece con el objetivo de encontrar un consenso que permita avanzar en la normativa que regula los derechos de las personas trans en la Comunidad de Madrid. La discusión se centra en aspectos clave de la ley que han generado opiniones divergentes entre ambas partes, lo que ha motivado esta mesa de diálogo para buscar soluciones que beneficien a la comunidad trans. Este proceso de negociación se presenta como una oportunidad para alcanzar un acuerdo que respete los derechos y garantice la igualdad de todas las personas involucradas.

Gobierno y Comunidad de Madrid discuten reforma de ley trans autonómica

El Gobierno ha lanzado un aviso a la Comunidad de Madrid: o llegan a un acuerdo sobre la ley trans autonómica o presentará un recurso de inconstitucionalidad a la norma impulsada en diciembre de 2023.

Fuentes del Ejecutivo detallan que han pedido al Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso iniciar un proceso de negociación para solventar las discrepancias sobre los cambios que acometió una reforma que, según consideran, patologiza la transexualidad y establece el tutelaje médico.

Gobierno da ultimátum a Madrid por discrepancias en ley trans

Por su parte, el Ejecutivo madrileño niega que su ley vulnere los derechos de las personas LGTBI, aunque confirma que asistirá a las reuniones para debatir las diferencias. Con el objetivo de encontrar un punto de acuerdo que evite el recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), el Gobierno arrancará este mismo martes las negociaciones previas en la Comisión Bilateral, para solventar las discrepancias sobre la constitucionalidad en torno a dos normas concretas.

Madrid defiende reforma de ley trans pese a críticas del Gobierno

El Gobierno central argumenta que la ley autonómica madrileña vulnera el principio de igualdad y utiliza un lenguaje discriminatorio en varios puntos. Además, critica que la norma exija un informe médico para menores trans antes de acceder a tratamientos hormonales, lo cual consideran que patologiza la transexualidad.

Por su parte, desde la Comunidad de Madrid se defiende la reforma asegurando que se ha contado con la opinión de profesionales científicos y médicos, y que se está acompañando adecuadamente a los menores trans en su proceso de transición.