En un nuevo giro en el caso que enfrenta al Alto Tribunal, el Supremo ha decidido desafiar a García Ortiz, manteniendo a los magistrados que tendrán la última palabra sobre su futuro. Esta decisión ha generado un gran revuelo en el mundo jurídico, ya que se considera un golpe directo a la independencia del poder judicial. El máximo órgano jurisdiccional ha calificado la petición de García Ortiz como 'insignificante', lo que ha generado un gran debate sobre la imparcialidad del Tribunal. ¿Qué consecuencias tendrá esta decisión en el sistema judicial español? ¿Será este el fin de la carrera de García Ortiz?
Justicia en crisis: el Tribunal Supremo rechaza la recusación de magistrados y mantiene a García Ortiz en el poder
El Tribunal Supremo ha rechazado la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro magistrados que deben decidir sobre su futuro en el cargo. La decisión del Supremo mantiene a García Ortiz en el poder, a pesar de las acusaciones de desviación de poder en su contra.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) había recurrido ante el Tribunal Supremo el nombramiento de García Ortiz como fiscal general del Estado, argumentando que su designación fue irregular. Sin embargo, el fiscal general decidió recusar a cuatro de los cinco magistrados que debían decidir sobre el recurso, alegando que no eran imparciales.
Los magistrados recusados, Pablo Lucas, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero, habían firmado una sentencia anterior que acusaba a García Ortiz de desviación de poder. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha rechazado la recusación, argumentando que la petición del fiscal general llegó fuera de plazo y que los argumentos esgrimidos eran endebles y de escasa consistencia.
La controversia autour de García Ortiz comenzó cuando nombró a su antigua jefa, la ex fiscal general Dolores Delgado, como fiscal de Sala, en contra del criterio del Consejo Fiscal. Posteriormente, el Supremo anuló el nombramiento de Delgado, lo que llevó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a considerar que García Ortiz no era idóneo para renovar el cargo.
La APIF decidió recurrir el nombramiento de García Ortiz ante el Tribunal Supremo, mientras que el Partido Popular presentó una querella contra el fiscal general, acusándolo de desviación de poder y posible delito de prevaricación. Sin embargo, el Supremo rechazó la querella.
El magistrado instructor del Tribunal Supremo, Eduardo Calvo, ha decidido no admitir a trámite la recusación de García Ortiz, considerándola manifiestamente extemporánea. El instructor también destacó que no hay necesidad de examinar la endeblez y escasa consistencia de la causa de recusación que se propone.
La situación ha generado una gran polémica en el mundo judicial, con acusaciones de operación política contra el fiscal general. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su confianza en García Ortiz y ha denunciado una operación política para acabar con él.
El futuro de García Ortiz sigue siendo incierto, pero por ahora, el Tribunal Supremo ha decidido mantenerlo en el cargo. La decisión ha generado un gran debate en el mundo judicial y político, y se espera que la situación siga evolucionando en los próximos días.
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