El Tribunal Supremo ha emitido un fallo protegiendo a una familia que ha sido víctima de 60 manifestaciones frente a su hogar, originadas por la instalación de una antena en su azotea. Esta situación de acoso ha generado un grave impacto en la vida cotidiana de los afectados, quienes han debido soportar constantes protestas que han perturbado su paz y seguridad. La decisión del Tribunal Supremo representa un importante precedente en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, estableciendo que ninguna acción puede justificar ataques sistemáticos que vulneren la intimidad y el bienestar de una familia.
Tribunal Supremo ampara a familia acosada por manifestaciones en Las Palmas
La familia de Las Palmas de Gran Canaria ha sido indemnizada con 3,3 millones de euros por el acoso sufrido frente a su hogar. El Tribunal Supremo (TS) ha considerado que se vulneraron los derechos fundamentales a la integridad física y moral, así como a la intimidad de esta familia. Todo esto debido a más de sesenta manifestaciones registradas en la puerta de su casa, en protesta contra una antena de telefonía móvil ubicada en un edificio arrendado a la compañía Orange.
Decisión del Tribunal Supremo
En una sentencia, el Alto Tribunal ha declarado nula la actuación de la Subdelegación del Gobierno en Las Palmas, la cual no actuó pese a la denuncia de la familia. Según los magistrados de la sala de lo contencioso-administrativo, las manifestaciones, que podrían haberse evitado con un simple cambio de itinerario, tuvieron consecuencias claramente nocivas para la familia afectada.
Impacto en la vida privada y familiar
Si bien se reconoce el derecho a manifestarse, la reiteración y fijación en un lugar específico afectaron significativamente la vida privada, la intimidad personal y familiar de los recurrentes. Además, se destaca el perjuicio a la salud de personas mayores de la familia, de 82 y 86 años, así como a su actividad comercial.
Denuncias y consecuencias
La familia acudió a la Subdelegación del Gobierno tras 65 manifestaciones, las cuales aumentaron a 90 cuando llegaron al Supremo. A pesar de alegatos sobre el orden público, un informe policial describe cómo los manifestantes increparon a los moradores de la vivienda y generaron tensión. La autoridad gubernativa debe conciliar los derechos en conflicto y evitar perjuicios.
Deja una respuesta