En un movimiento que busca garantizar la igualdad fiscal en todo el territorio comunitario, la Comisión Europea ha emitido un ultimátum a España para que aplique el mínimo global del 15% de impuesto de sociedades, tal como establece el acuerdo internacional firmado en 2021. Este requisito busca evitar la competencia desleal entre los países miembros de la Unión Europea y garantizar que las empresas paguen un nivel de impuesto razonable en todos los estados miembros. De no cumplir con esta exigencia, España podría enfrentar una posible multa que podría generar un impacto significativo en la economía del país. La aplicación de este impuesto mínimo es fundamental para garantizar la justicia fiscal y la competitividad en el mercado común europeo.
La UE exige a España que aplique el impuesto de sociedades al 15% para evitar una posible multa
La Comisión Europea dio un paso más en su expediente a España y otros cinco países por no haber informado todavía de qué medidas tomarán para incorporar a su legislación nacional la nueva directiva europea que exige fijar un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a grandes empresas, una prioridad para Bruselas.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya había aprobado en Consejo de ministros el pasado diciembre el anteproyecto de ley para aplicar esta medida, pero aún está pendiente su tramitación parlamentaria.
Dictamen motivado
La Comisión Europea no ha recibido aún información de cómo se trasladará esta norma al ordenamiento jurídico español y envía ahora un dictamen motivado, el paso previo a enviar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Es importante destacar que España, junto a Chipre, Letonia, Lituania, Polonia y Portugal, debía haber notificado cómo incluiría esta directiva en su legislación antes del 31 de diciembre. El resto de Estados miembros ya lo han hecho.
Directiva europea
La directiva, aprobada en diciembre de 2022, introduce en la UE el acuerdo global alcanzado por 140 países en la OCDE para asegurar que las grandes empresas pagan un tipo mínimo efectivo del 15% en impuesto de sociedades en todos los territorios donde tienen actividad y desincentivar así que trasladen sus beneficios a paraísos fiscales o países con niveles muy bajos de impuestos.
Las normas se aplicarán a multinacionales y grandes empresas nacionales con una facturación anual superior a 750 millones de euros que tengan una matriz o filial en la UE.
Estas incorporan las reglas para calcular la carga impositiva de las empresas de modo que si pagan en alguna jurisdicción un tipo inferior al 15%, el país dónde tienen su matriz pueda aplicar un impuesto complementario para que la contribución efectiva llegue a esa tasa.
Amenaza de multa
En última instancia, Bruselas puede denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no recibe una respuesta satisfactoria en dos meses.
La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no eliminar las condiciones que impone para beneficiarse de un aplazamiento en el pago de impuestos tras una división empresarial.
La aplicación inadecuada de estas normas crea una distorsión en el mercado interior, genera desigualdad entre las empresas que operan en el mismo y contribuye a la incertidumbre lega para las compañías, según la Comisión Europea.
La Comisión Europea considera que los esfuerzos de España, hasta la fecha, han sido insuficientes, por lo que ha decidido elevar el caso a la Justicia europea, a la que podría solicitar que le imponga una multa por incumplimiento.
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