En un comunicado oficial, la institución independiente emitió un dictamen que autoriza la tala de árboles en el marco de las obras de ampliación de la Línea 11 del metro. Según la entidad, la medida es justificada debido a la necesidad de garantizar la seguridad y eficiencia del sistema de transporte público. La decisión ha generado polémica entre los defensores del medio ambiente y los partidarios del desarrollo urbanístico. La Línea 11 del metro es una de las más concurridas de la ciudad, y su ampliación busca mejorar la movilidad y reducir la congestión en el tráfico. A continuación, se analizarán los detalles del proyecto y las implicaciones de esta decisión.
El Defensor del Pueblo justifica la tala de árboles para ampliación de la Línea del Metro
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha ratificado la actuación de la Comunidad de Madrid en la tala de arbolado en la ampliación de la Línea 11 de Metro de Madrid que afecta al Paseo de la Infanta Isabel. La oficina de Ángel Gabilondo determina que la tala de arbolado está justificada al tratarse de una obra de esa envergadura, la ampliación de la L11 entre Plaza Elíptica y Conde de Casal, y sobre la que existe un estudio para tratar de minimizar el impacto ambiental.
Según la institución, la tala de árboles es necesaria para la realización de obras que mejoran las infraestructuras del Metro y la creación de estaciones próximas, pedidas por los vecinos. La construcción de una línea de Metro en una ciudad como Madrid reviste enorme complejidad y genera impactos ambientales y molestias que deben ser evaluados y corregidos en lo posible.
La Dirección General de Infraestructuras de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras modificó el proyecto inicial para reducir casi a la mitad los árboles talados, desde los 1.027 ejemplares contemplados en el Proyecto Constructivo a los 676 recogidos finalmente en la Declaración de Impacto Ambiental. Además, otros 203 árboles serían trasplantados.
La institución alude a la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de protección y fomento del arbolado urbano de la Comunidad de Madrid, que prohíbe la tala, el arranque o abatimiento de árboles con más de diez años de antigüedad o veinte centímetros de diámetro de tronco al nivel del suelo que se ubiquen en suelo urbano. Sin embargo, la norma no contiene una enumeración tasada de los supuestos que justifiquen la tala, y la realización de obras es una razón que la legitima.
Además, la oficina de Ángel Gabilondo destaca que la Comunidad de Madrid ha realizado la evaluación ambiental preceptiva y se han recabado las autorizaciones municipales. En cuanto a la necesaria reparación de la zona, un compromiso de la Comunidad de Madrid, la oficina subraya que no se trata solo de conservar el patrimonio existente sino de promover su mejora para advertir que permanecerá atenta a la evolución de las medidas adoptadas.
Sobre el impacto en el subsuelo, la institución alude a la afección al nivel freático y remarca que se ha tenido en cuenta en términos generales en la fase de evaluación del proyecto, si bien se remite a una fase posterior un estudio de detalle.
Finalmente, la oficina de Ángel Gabilondo espera que las zonas afectadas por la tala queden convenientemente revegetadas y restauradas y que la pérdida de los árboles sea adecuadamente compensada.
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