- La Ley de Universidades de Madrid establece sanciones severas para prevenir escraches, vandalismo y ocupación en los campus
- Madrid establece sanciones severas para prevenir escraches y vandalismo en universidades
- Sanciones para mantener el orden en las universidades
- Protegiendo la libertad de manifestación y expresión
- Distrito de prácticas único y requisito de nivel de español
- Regulación para las escuelas de negocio y estudios a distancia
- Consolidando a Madrid como la capital de los estudios superiores en español
La Ley de Universidades de Madrid establece sanciones severas para prevenir escraches, vandalismo y ocupación en los campus
En un esfuerzo por mantener el orden y la seguridad en los centros educativos, la Ley de Universidades de Madrid ha establecido un paquete de medidas para prevenir y sancionar conductas que atenten contra la integridad de los estudiantes y el personal universitario. A partir de ahora, se impondrán sanciones severas a aquellos que participen en escraches, vandalismo y ocupación en los campus universitarios. Esta normativa busca garantizar un entorno de estudio seguro y respetuoso, donde los estudiantes puedan desarrollar sus actividades académicas sin temor a la violencia o la intimidación.
Madrid establece sanciones severas para prevenir escraches y vandalismo en universidades
La Comunidad de Madrid está preparando una nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Ciencia y Universidades que contempla sanciones contra el vandalismo, la ocupación y los escraches en los centros de estudios superiores.
El consejero de Educación, Ciencia y Universidad, Enrique Viciana, ha explicado que establecemos un régimen sancionador específico. Lo que queremos es que se mantenga el orden y el decoro en la vida académica.
Sanciones para mantener el orden en las universidades
Las sanciones se establecerán para evitar que las protestas que se organizan en los centros de estudios superiores desemboquen en cortes en las vías públicas, que impiden la libre circulación, o se levanten barricadas en las entradas de las facultades para impedir el acceso.
El Ejecutivo autonómico aún trabaja en definir qué tipo de penas se impondrán, entre las que no se descartan las pecuniarias. El consejero sí ha adelantado que tendrán una graduación de leve, grave y muy grave.
Protegiendo la libertad de manifestación y expresión
Con la regulación se busca conjugar la libertad de manifestación, expresión, con la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, de enseñanza y que los alumnos puedan acceder libremente, según palabras de Viciana.
Distrito de prácticas único y requisito de nivel de español
La ley de Universidades de Madrid propone un distrito de prácticas único y exige un nivel de español en grados y másteres. El consejero ha manifestado que queremos dar una prioridad a las universidades públicas para asegurarnos de que todos los estudiantes acceden a sus prácticas.
La medida va dirigida en especial a los alumnos de la rama sanitaria, aunque se incluirán otras disciplinas.
Regulación para las escuelas de negocio y estudios a distancia
La regulación incluye a las escuelas de negocio para que cumplan con una serie de requisitos de calidad educativa semejantes a los de las universidades. También se introduce una regulación para los estudios a distancia que ofertan las universidades privadas.
Consolidando a Madrid como la capital de los estudios superiores en español
La ley busca consolidar a Madrid como la capital de los estudios superiores en español. Para ello, se incluye como requisito que los estudiantes que quieran cursar estudios de grado deberán acreditar un nivel B2 de español. En el caso de los másteres y doctorados se deberá tener un C1 de nivel idiomático.
El proyecto normativo aglutina lo relativo a la Formación Profesional (FP) de Grado Superior, la investigación y de la Universidad para facilitar las sinergias entre estos tres campos, con el objetivo de retener el talento, atraerlo, hacer más accesible los avances y acercar la FP a la universidad.
El consejero espera que para principios de septiembre se abra el plazo de consulta pública y a finales de octubre y principios de noviembre se pueda presentar en la Asamblea de Madrid. De cumplirse los plazos, la nueva legislación podría estar aprobada antes de 2025.
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