La reducción de jornada laboral podría tener graves consecuencias para las empresas que tienen contratos públicos, incrementando la presión y el estré

La reducción de jornada laboral podría tener graves consecuencias para las empresas que tienen contratos públicos, incrementando la presión y el estrés en el sector empresarial

La reducción de jornada laboral, medida que busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, podría tener un impacto negativo significativo en las empresas que tienen contratos públicos. Esta iniciativa, que busca reducir la carga laboral y aumentar el tiempo libre, podría llevar a una aumento de los costos y una disminución de la productividad en el sector empresarial. En particular, las empresas que dependen de contratos públicos podrían verse afectadas por la presión y el estrés adicionales que conlleva esta medida, lo que podría poner en riesgo su sostenibilidad financiera.

La reducción de jornada laboral: un gasto inesperado para empresas con contratos públicos

Las empresas que tienen contratos en vigor con la Administración Pública para dar servicios externalizados o realizar obras están pasando por una situación complicada. La negociación de la jornada laboral ha generado inquietud entre estas empresas, ya que temen que se traduzca en un nuevo incremento salarial que recortará el margen de beneficios, que en la mayoría de los casos ya es estrecho.

El origen de esta situación se remonta a dos normas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la crisis financiera: la Ley de Desindexación de la Economía y la de Contratos Públicos. Esta normativa bloquea cualquier tipo de revisión de costes, y aunque el Ministerio de Hacienda abrió un paréntesis en el marco de la crisis de precios generada por la invasión de Ucrania, estas condiciones nunca se han llegado a extender a los salarios.

Un problema que afecta especialmente a los servicios de los ayuntamientos

Los servicios de los ayuntamientos, que abarcan desde el mantenimiento de las instalaciones públicas hasta la atención a domicilio de personas mayores o con alguna discapacidad, son especialmente afectados. En estos casos, los contratos se extienden por varios años y los últimos cambios en salarios y cotizaciones sociales han llevado a algunas empresas a trabajar a pérdidas o a márgenes muy reducidos que no resultan rentables.

Por ello, varios asociados de la patronal han transmitido su preocupación por un cambio que la ministra de Trabajo lleva anunciando casi un año, pero que será un gasto inesperado y no planificado si llega a superar el trámite parlamentario.

La norma que regula los acuerdos públicos ahonda en el problema

Las administraciones (ayuntamientos, comunidades autónomas o Estado) tienen que decantarse por la oferta más barata, lo que se impone sobre otros criterios de calidad o las condiciones de los trabajadores que prestarán el servicio. Según el criterio de los sindicatos, esto se traduce en que el Estado sea la principal fuente de precarización en unos sectores con mucho tiempo parcial y una mayor presencia de mujeres.

Además, la patronal considera que esta coyuntura no solo afecta a las empresas que tienen trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional (SMI), sino que por el efecto arrastre de las tablas salariales repercute en muchas más nóminas.

La proposición del Gobierno y la reacción de las patronales

El último borrador remitido por el Gobierno recogía la posibilidad de que los empleados que contaran con una jornada parcial pudieran mantener el mismo horario, lo que supondría un incremento adicional al que se le aplicaría a los trabajadores que desempeñen actualmente 40 horas a la semana.

Reducir su jornada en la proporción que resulte equivalente y obtener la misma remuneración que perciben actualmente ya supondría un alza, por lo que mantener el número de horas de trabajo implicaría una subida de salario extraordinaria que afectaría de plano a estas empresas.

Por el momento, parece difícil que los empresarios puedan brindar su apoyo al Ministerio de Trabajo en su objetivo de introducir las 38,5 horas semanales antes de que concluya 2024 y 37,5 en 2025. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han protagonizado un fuerte intercambio de duras declaraciones.

El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a llevar una nueva propuesta el próximo lunes ante la ausencia de respuesta escrita de las patronales antes de avanzar hacia un acuerdo solo con los sindicatos.