En un giro sorprendente de los eventos, los fiscales han decidido poner en la picota al controvertido García Ortiz, figura pública que ha generado polémica en los últimos tiempos. El motivo detrás de esta decisión es el desprestigio que ha llevado a la institución, y que según los fiscales, es absolutamente palmario y perjudicial. Esta noticia ha generado un gran revuelo en los círculos políticos y sociales, y ha llevado a muchos a cuestionar la integridad del sistema judicial. ¿Cuáles son las implicaciones de esta decisión y qué significa para el futuro de la justicia en nuestro país?
García Ortiz: en el ojo del huracán
La asociación de fiscales que recurrió su nombramiento denuncia ante este periódico la situación de desprestigio palmario hacia la que el fiscal general arrastra a la institución.
La APIF denuncia desprestigio palmario hacia la Fiscalía
Los motivos que alega la APIF son varios: El Tribunal Supremo ha tumbado los dos nombramientos de la ex fiscal general Dolores Delgado a propuesta de García Ortiz; El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido la querella presentada por la pareja de Isabel Díaz Ayuso por un comunicado del que el fiscal general se hizo responsable; y García Ortiz ha tomado la decisión inédita de recusar a cuatro magistrados del Supremo que deben analizar su permanencia en el cargo.
El fiscal general en el centro de la controversia
La bola de nieve comenzó a rodar el 21 de noviembre, un día antes de que el Gobierno anunciara que renovaría a Álvaro García Ortiz como cabeza del Ministerio Público. Aquel día, el Tribunal Supremo dijo que el fiscal general había incurrido en desviación de poder cuando propuso nombrar a Dolores Delgado como fiscal de Sala togada y anuló el ascenso.
Los nombramientos de Dolores Delgado ¿Por qué había incurrido en una desviación de poder? Dolores Delgado, tras abandonar el Ministerio de Justicia y ser nombrada fiscal general al cabo de un mes, nombró como número dos a Álvaro García Ortiz. Él sería su sucesor cuando Dolores Delgado dejó el cargo, en 2022, a causa de un problema de salud. Y una vez nombrado fiscal general, el salamanquino decidió ascender a fiscal de Sala a su exjefa, en contra del criterio del Consejo Fiscal (que en casi todos los aspectos es un órgano meramente consultivo).
La lucha por el poder en la Fiscalía española
El Supremo sentenció que la finalidad de aquel nombramiento era asegurar a doña Dolores Delgado García su promoción a la máxima categoría de la carrera fiscal, tratando de llenar lo que, en opinión del proponente, es una carencia de la legislación en vigor. A raíz de aquella sentencia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consideró que García Ortiz no era idóneo para renovar el cargo.
El Senado pide al Gobierno que destituya al fiscal general por el incumplimiento de sus funciones. Pero el nombramiento se hizo de todas maneras, así que la APIF decidió recurrirlo ante el Tribunal Supremo. También a raíz de esta sentencia el Partido Popular presentó una querella contra el fiscal general indicando que aquella desviación de poder podría comportar un delito de prevaricación, algo que el Supremo rechazó.
Con el recurso de APIF pendiente de resolverse, esta semana las polémicas han vuelto a rodear a García Ortiz. El Tribunal Supremo ha adelantado su fallo sobre otro nombramiento, el que propuso García Ortiz para colocar a Delgado al frente de un cargo de nueva creación: fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Una vez más, La propuesta de García Ortiz iba en contra del criterio mayoritario del Consejo Fiscal, pero resulta que en esta ocasión se le privó al órgano de un derecho: el de analizar y decidir sobre el régimen de incompatibilidades de la candidata.
Según denunciaron tres recurrentes -la APIF, la Asociación de Fiscales y el fiscal antidroga Luis Ibañez-, Delgado podría incurrir en una incompatibilidad porque su marido, el exjuez Baltasar Garzón, dirige una fundación centrada en los Derechos Humanos. Ahora el Consejo Fiscal deberá decidir si hay una incompatibilidad y, en caso de que la aprecie, habrá que nombrar a otro candidato.
Sea como sea, la sentencia ha servido al Partido Popular para reprobar a García Ortiz desde la Cámara Alta y pedir al Gobierno que lo cese. Una reprobación duramente criticada por la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece García Ortiz. Para la asociación, el acuerdo supone la absoluta degradación de la institución que lo adopta. Como efecto colateral posiblemente deseado, viene a incidir en el desprestigio de la institución a la que el fiscal general y cerca de 2.700 fiscales servimos con absoluta dedicación, lanzaron los progresistas.
También esta semana se ha conocido que el fiscal general del Estado presentó una recusación contra los cuatro magistrados del Supremo que deben resolver el recurso de APIF contra su nombramiento. Son los mismos magistrados que dijeron que había actuado con desviación de poder, con lo que García Ortiz entiende que no se les presume la imparcialidad necesaria para determinar su continuidad al frente de la Fiscalía.
Que un fiscal general del Estado recuse a cuatro magistrados del Supremo es algo muy extraño, la APIF se opondrá a la recusación, señala un vocal de la asociación durante una conversación con 20minutos.
El fiscal general recusa a cuatro magistrados del Supremo que decidirán su continuidad. Anticipo que nuestro escrito dirá que no concurren causas de recusación, confirma el presidente de la APIF, Miguel Pallarés. A su juicio, es inaudito que García Ortiz plantee las recusaciones, pero será la Sala 61 quien finalmente se pronuncie.
Efectivamente, si los cuatro magistrados no ven motivo para recusarse, el asunto pasará a manos de esta Sala que estará compuesta por el presidente del Supremo, los cinco presidentes de Sala y los magistrados con mayor y menor antigüedad de cada una de ellas.
La querella de la pareja de Ayuso Este martes siete de mayo debía ser complicado para el fiscal general identificar de dónde venían las balas, pues a la vez que el Supremo le daba un segundo varapalo por ascender a Delgado, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) admitía una querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso contra dos fiscales. Eran la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de Delitos Económicos Julián Salto, a quienes se acusa de un delito de revelación de secretos.
García Ortiz dice que su figura está blindada y avisa: El Gobierno no me puede cesar. En marzo de este año, El Mundo publicó una información según la cual la Fiscalía Provincial de Madrid trasladó a la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, una propuesta para que se declarara culpable y alcanzara un acuerdo con la Fiscalía. Una información que el fiscal general ha tildado de bulo.
Al día siguiente, la Fiscalía Provincial de Madrid emitió un comunicado ante las informaciones publicadas en varios medios de comunicación. Venía a desmentir aquella información y afirmar que fue el abogado de González Amador quien contactó con la Fiscalía madrileña para proponer un pacto y admitir la comisión de delitos fiscales.
Y la pareja de Ayuso impuso las querellas por un delito de revelación de secretos. Esto, además, afecta directamente a García Ortiz porque al día siguiente rechazó que se hubiera cometido este delito y añadió: Asumo la responsabilidad última de esta nota de prensa.
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