Negociaciones para reducir jornada laboral seguirán su curso el lunes con una nueva oferta de Trabajo

Negociaciones para reducir jornada laboral seguirán su curso el lunes con una nueva oferta de Trabajo

En el marco de los esfuerzos para mejorar las condiciones laborales y reducir la carga de trabajo de los empleados, las negociaciones entre sindicatos y empleadores proseguirán el lunes próximo con una nueva oferta de Trabajo. Esta nueva propuesta busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores, estableciendo una jornada laboral más flexible y equilibrada. Los sindicatos han manifestado su disposición a abrirse a diálogo y analizar detalladamente la oferta, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que beneficie a todas las partes involucradas. Se espera que esta nueva ronda de negociaciones sea clave para lograr un acuerdo histórico que cambie la forma en que se concibe el trabajo en el país.

Negociaciones para reducir jornada laboral: ¿podrán encontrar un acuerdo este lunes?

Las negociaciones para la reducción de la jornada laboral continúan este lunes, tras una semana marcada por la tensión entre el Ministerio de Trabajo y la patronal. A pesar de que la crispación por la falta de consenso escaló a principios de semana, el diálogo ha ido avanzando y la situación se ha suavizado.

La reunión del lunes

Al encuentro de este 8 de julio están previstos representantes de Trabajo, así como las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT. El ministerio planteará su nueva oferta para la regulación de la reducción de jornada, una medida que ya cuenta con el apoyo de los representantes de los trabajadores pero aún no ha convencido a las dos patronales.

La propuesta del ministerio

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha evitado desvelar el contenido de esta nueva propuesta, pero estaría en línea con lo señalado esta semana por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que apuntaba a flexibilizar los plazos de aplicación o a aumentar las bolsas de horas en algunos sectores.

El conflicto entre el Gobierno y la patronal

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, había dado a la patronal un ultimátum para que presentara por escrito una propuesta en la mesa de diálogo social. Pérez Rey les acusaba de burlarse del diálogo social al negarse a aceptar la reducción de jornada planteada por el Gobierno, sin presentar una alternativa o realizando planteamientos maximalistas.

La ministra Díaz calificaba esta actitud de la patronal de huelga de brazos caídos y amenazaba con sacar adelante la reducción de la jornada sin el apoyo de los empresarios.

La postura de los sindicatos

Los sindicatos se han mantenido esta semana al margen del conflicto entre el Gobierno y los empresarios, pero realizando llamamientos al diálogo, evitando el ruido generado en torno a la negociación y pidiendo a la patronal que plantee una alternativa porque, a partir de ahí, seguro que la negociación es más sencilla.

La queja de la patronal

Desde la patronal, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, aseguraba que sí que estaban presentando propuestas pero que no se les escuchaba, que no tienen margen de negociación porque la decisión ya está tomada y animaba al Gobierno a sacar adelante la norma pero sin su apoyo.

Por su parte, el presidente de Cepyme y vicepresidente de la CEOE, Gerardo Cuerva, mostraba el hartazgo de los empresarios ante un Gobierno intervencionista, cortoplacista e intransigente y aseguraba que muchas empresas le habían pedido un paro patronal.

El impacto económico

Cepyme calcula que una reducción no negociada de jornada laboral a 37,5 horas semanales manteniendo los salarios conllevaría un impacto sobre las empresas de hasta 42.400 millones de euros, de los que 11.800 millones serían de coste directo y 30.600, de la producción perdida.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que reducir forzosamente la jornada tendrá consecuencias colaterales no deseadas como el uso de las horas extraordinarias o el aumento de los contratos a tiempo parcial.

El informe, que advierte de efectos adversos sobre la competitividad y el empleo, prevé una subida de los costes salariales unitarios para buena parte de las empresas, dado que calcula que la medida afectará al 67 % de los ocupados.