La reciente erupción volcánica en la isla de La Palma ha dejado un rastro de destrucción y pérdida en la zona. Sin embargo, lo que más preocupa a las víctimas es la falta de apoyo estatal para compensar la pérdida de renta que han sufrido. A pesar de las promesas de ayuda, muchos afectados se sienten desprotegidos y abandonados en su momento de mayor necesidad. La situación es crítica, y la inseguridad económica se suma a la angustia emocional que ya viven los afectados. En este contexto, es fundamental analizar la respuesta del Estado y las medidas que se están tomando para ayudar a aquellos que han perdido todo.
Agricultores de La Palma: Desprotegidos ante la ayuda estatal para compensar pérdida de renta
La Asociación Social Volcán Cumbre Vieja y la Asociación de Productores Agrícolas para la Reconstrucción (APAR) han manifestado su perplejidad por la indefensión a la que la actual administración pública somete a los agricultores y ganaderos del Valle de Aridane.
En un comunicado conjunto, ambas organizaciones han alegado que les resulta incomprensible que tras las innumerables notas de prensa publicadas sobre la ayuda por pérdida de renta, la resolución no haya sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias pese a que hace semanas se anunció en la web del Gobierno de la comunidad.
Desconocimiento del número de beneficiarios
Se desconoce el número de agricultores y ganaderos que no han sido incluidos en estas ayudas. Además, no se tiene conocimiento del número total de errores en el listado del Anexo I en que figuran aproximadamente 850 productores.
Ha sorprendido a ambos colectivos que el citado anexo haya sumado aproximadamente 198 hectáreas de terreno platanero sepultado por la lava. No obstante, desde el Gobierno regional se ha publicitado que el número se acerca a 228 hectáreas, lo que supone una diferencia entre superficies publicadas anteriormente que también ocurre con otros cultivos, como aguacate y viña.
Acciones legales
Ambas asociaciones han querido comunicar que, en defensa de los agricultores y ganaderos excluidos de esos anexos y de los que sufren errores en el cálculo de las cantidades que deben percibir, emprenderán las acciones legales oportunas para proteger los derechos que se les reconocen en la legislación europea.
Las declaraciones del director general de Agricultura del Gobierno de Canarias sobre la fórmula de cálculo de la pérdida de renta parecen implicar una discriminación arbitraria en la interpretación del reglamento que rige la concesión de la mencionada ayuda, según han señalado.
Reclamos a la Consejería de Agricultura
Las dos asociaciones han invitado al Gobierno de Canarias a llegar a un acuerdo con los afectados para un reparto justo y transparente que reconozca el lucro cesante real previo a la erupción volcánica.
La catástrofe natural ha sido declarada por un estado miembro de la UE, por lo que la pérdida de renta y la reconstrucción de las fincas afectadas a través del Programa de Desarrollo Rural están reconocidas por las instituciones comunitarias y financiadas con fondos europeos, han explicado.
Los dos colectivos han animado, a su vez, a la Consejería de Agricultura a que impulse en el Gobierno canario solicitar de manera urgente a la Comisión Europea los fondos correspondientes a la pérdida de renta de 2023, y que estas subvenciones se adelanten con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Al mismo tiempo, ambas asociaciones han reclamado al Ejecutivo regional que presente un plan de reconstrucción basado en las licencias que se hayan presentado, para garantizar la reconstrucción de forma ordenada y en periodos anuales hasta que se logre la recuperación total.
Ruegan, así, al Gobierno canario que abandone la propaganda y honre su eslogan #HECHOS.
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