En una noticia que ha generado controversia, se revela que 500.000 estudiantes en prácticas no remuneradas cotizan a la Seguridad Social. Este hecho ha despertado gran interés en la opinión pública y en el ámbito laboral, ya que plantea cuestionamientos sobre la equidad y la justicia en el mundo laboral. La cotización a la Seguridad Social por parte de los estudiantes en prácticas, a pesar de no percibir un salario por su labor, abre un debate sobre las condiciones laborales y la protección social de este colectivo. Este fenómeno pone de manifiesto la necesidad de revisar y ajustar las políticas laborales y educativas para garantizar un trato justo y digno para todos los trabajadores, incluyendo a los estudiantes en prácticas.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, informó que actualmente más de medio millón de becarios están dados de alta en los registros de la Seguridad Social, cotizando durante sus prácticas no remuneradas. Esta medida les permitirá que este tiempo cotizado cuente para el cómputo de años de trabajo necesarios para acceder a una pensión.
La reforma de las pensiones aprobada el año pasado reconoce el derecho de los becarios a que se les contabilicen como cotizados los periodos de prácticas no remuneradas. Esta disposición, que entró en vigor en enero de este año, ha sido anunciada por la ministra Saiz durante su comparecencia en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados.
Las empresas tienen la obligación de dar de alta a todos los becarios, incluso si no reciben remuneración por sus prácticas, y deben asumir el costo de cotización. Para incentivar a las empresas a contratar becarios, el Estado bonifica hasta el 95% del coste de cotización.
El Gobierno permitirá a becarios rescatar periodos de prácticas no cotizadas ¡Descubre cómo!
La ministra Saiz anunció que el Gobierno está finalizando la tramitación administrativa de la regulación que permitirá a antiguos becarios rescatar periodos de prácticas no remuneradas no cotizados. Este mecanismo permitirá a los afectados recuperar hasta un máximo de cinco años de prácticas sin cotizar.
Esta medida beneficia especialmente a los investigadores, quienes son los más afectados por esta situación. El Ejecutivo ha remitido al Consejo de Estado el convenio especial que habilitará este proceso de rescate de periodos no cotizados durante prácticas pasadas.
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