En un desarrollo que tiene en vilo al sector aéreo, varias aerolíneas se encuentran en proceso de preparación para presentar recursos contra la multiplica multa de 150 millones de euros impuesta por la Dirección General de Consumo. Esta sanción, considerada una de las más elevadas en la historia, ha generado un gran revuelo en el sector, donde las aerolíneas afectadas ya han comenzado a evaluar sus opciones legales para revertir la decisión. La multa, impuesta por presuntas prácticas comerciales desleales, ha sido calificada por las aerolíneas como desproporcionada y injusta, lo que ha llevado a una respuesta unánime de rechazo por parte de las empresas afectadas.
Aerolíneas se unen para combatir multa de millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo
Las aerolíneas afectadas por la multa de 150 millones de euros impuesta por el Ministerio de Consumo, Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea, preparan recursos de alzada ante la propia Administración y no descartan la vía judicial para desafiar la sanción.
El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), Javier Gándara, está convencido de que les darán la razón y considera que la multa es desproporcionada y perjudicará a los consumidores, ya que suprimirá la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesitan.
La lucha contra la multa
Gándara afirma que la decisión del Ministerio de Consumo va en contra de la normativa europea, concretamente el principio de libertad de fijación de precios reconocido en un reglamento comunitario de 2008, y supone una injerencia en la fijación tarifaria.
La organización, que agrupa a más de 60 compañías aéreas y un 85% del tráfico aéreo del país, entiende que sería más oportuno que el Gobierno esperara a que la Comisión Europea defina las directrices sobre la estandarización de cuáles son los tamaños de maletas que se pueden aceptar a bordo y si se pueden cobrar o no.
La maleta de cabina está incluida en el billete, según Gándara, y considera que la multa es una injerencia en la fijación tarifaria y que perjudicará a los consumidores, al suprimir la opción de los pasajeros de contratar exactamente lo que necesitan.
Por ahora, nada cambia, ya que hay un plazo que varía entre cada compañía, según las notificaciones, de un mes hasta aproximadamente mediados de junio para los recursos de alzada y luego el ministerio tiene tres meses para resolverlos y, una vez lo haga, cabe la vía judicial.
Gándara advierte que la noticia puede dar lugar a que haya pasajeros que vayan a aeropuertos pensando que esta práctica es ilegal, cuando realmente no es el caso. Nos parece que eso realmente hace un flaco favor a los consumidores porque les están dando información incorrecta.
El presidente de la ALA también critica que el mensaje pueda generar problemas en las puertas de embarque y, al final, retrasos y discusiones que no ayudan a nadie y menos en las puertas del verano.
Asimismo, considera que el hecho de que un país unilateralmente tome una medida así crea al final una desventaja competitiva y un poco de caos.
En cuanto al resto de elementos como el cobro por la asignación de asientos para determinados colectivos vulnerables como menores acompañados o como las personas que acompañan a personas con movilidad reducida, todas las compañías aéreas en sus algoritmos ya tienen establecido que pueden sentarse juntos.
No obstante, a veces, cuando se hace la reserva ya está casi todo el avión asignado y lo que suele pasar en este caso es que, una vez que entran a bordo, las tripulaciones de cabina se encargan de pedir a pasajeros sentados en los asientos de alrededor que se muevan.
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