De Galicia al Estrecho: la red de tráfico de drogas que conectaba el sur de Galicia con el norte de Portugal

La operación policial más reciente ha desarticulado una red de tráfico de drogas que conectaba el sur de Galicia con el norte de Portugal. Esta organización criminal, que había establecido una compleja estructura logística, había logrado establecer una ruta de tráfico de drogas que abarcaba desde la costa gallega hasta la región portuguesa del Valle del Miño. La investigación, que llevó varios meses, permitió desarticular esta red y detener a varios miembros de la organización, lo que representa un golpe significativo contra el tráfico de drogas en la región.

De Galicia al Estrecho: la red de tráfico de drogas que conectaba el sur de Galicia con el norte de Portugal

Los lazos que unen España y Portugal se atan en Galicia. Además de ser vecinas, ambas regiones siempre han estado fuertemente unidas por factores culturales, históricos y lingüísticos muy estrechos, aunque en ocasiones este vínculo va más allá de lo tradicional y se convierte en un nexo de unión para el desarrollo de actividades al margen de la legalidad.

La proximidad entre ambos territorios ha propiciado que muchas redes criminales vinculadas al tráfico de drogas se aprovechen de estos lazos para establecer sus negocios, siendo uno de ellos el de la fabricación de embarcaciones semirrígidas para transportar los cargamentos desde el Atlántico a las costas españolas.

Galicia, referente en la fabricación de narcolanchas

Galicia siempre ha sido un referente en la fabricación de este tipo de naves, por la profesionalidad, el tiempo y la tradición a la hora de elaborarlas, explica Fernando Iglesias, responsable en la comunidad gallega de Vigilancia Aduanera que lleva ya 18 años trabajando para la Agencia Tributaria.

Por ello, muchas organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico acuden a esta región del noroeste español para adquirir estas embarcaciones.

El Estrecho de Gibraltar, ruta clave para los narcos

El Estrecho de Gibraltar, los puertos gallegos, Valencia. estas son las rutas de los narcos para introducir la droga en España.

Pero poco a poco, la ley en España ha ido cercando las posibilidades de las redes narco. En 2018, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley por el que quedaban prohibidas estas naves de alta velocidad, ante su intensa actividad en el litoral del Estrecho y de Galicia.

La prohibición de las narcolanchas

Según afirma la página oficial de La Moncloa, entre 2012 y el año de aprobación de esta nueva normativa, Vigilancia Aduanera había intervenido 81 narcolanchas y detenido a 282 personas por su uso para intentar introducir grandes cantidades de droga en nuestro país.

Antes de esta normativa, la fabricación se hacía en náuticas de forma abierta, pero a partir de esta ley, los criminales trasladaron la elaboración a naves clandestinas, apunta Iglesias, quien explica que, para atacar esta vía, llevaron a cabo en 2022 un operativo sin precedentes conocido como 'Operación Munari', que se saldó con 22 detenciones y el desmantelamiento de una red que equipaba a las embarcaciones con GPS y radares para venderlas a bandas de Gibraltar.

Portugal, salvavidas de las redes criminales

Ante este golpe, y viendo sus posibilidades diezmadas, las organizaciones criminales vieron como salvavidas el actuar en el norte de Portugal, ya que en el país luso la construcción de este tipo de embarcaciones ultrarrápidas no está considerada como ilegal.

El modus operandi que venimos viendo era que estas redes hacían una interpretación muy particular de la norma, fabricando una parte de las embarcaciones en Galicia y rematándolas en Portugal, explica el responsable de Vigilancia Aduanera de Galicia.

Fabricación y tráfico de drogas: la coordinación entre España y Portugal, clave para frenar a los criminales

En este sentido, Fernando Iglesias asegura que este modus operandi sigue sin estar del todo erradicado, que incluso hay organizaciones que tienen moldes en Galicia para hacer el casco y después montar los motores en Portugal.

Pero, añade que otras redes le dieron otra vuelta de tuerca, como es el caso de la Operación Vozka llevada a cabo a finales de este mes.

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en colaboración con la Policía Judiciária de Braga, desarticularon el 19 de abril una organización criminal enraizada en Ourense que se dedicaba a la fabricación de narcolanchas para grupos que operaban en el Estrecho.

De este modo, el operativo se saldó con la detención de seis personas y la incautación de ocho narcolanchas, 30.000 euros en efectivo, 25 motores de gran cilindrada, radares GPS y diversos materiales náuticos e informáticos relacionados con su actividad.

La vuelta de tuerca de este entramado criminal era que la fabricación se realizaba íntegramente en Valença, localidad situada al norte de Portugal, mientras que el núcleo de la organización y la logística financiera estaba en Ourense.

La necesidad de coordinación legislativa

En este punto, la problemática que se observa a simple vista sería la disparidad de leyes entre España y Portugal. Si a un lado de la frontera la fabricación es ilegal, pero del otro no, se presenta una paradoja cuya respuesta parece sencilla: la creación de una normativa portuguesa compatible con el Real Decreto-Ley español de 2018 para prohibir la fabricación de este tipo de embarcaciones ultrarrápidas.

El gerente de la Fundación Galega contra o Narcotráfico, Fernando Alonso, lo describe como una necesidad de coherencia legislativa. Si bien es cierto que a nivel operativo hay una estrecha cooperación policial entre efectivos portugueses y españoles, también es cierto que este canal debería subir escalafón y buscar la coherencia entre las leyes de ambos países, explica en declaraciones a este periódico.

El responsable de Vigilancia Aduanera de Galicia coincide en que los efectivos portugueses se abren de brazos para coordinar operaciones, pero que a nivel legislativo todavía no hay ninguna acción iniciada para homogeneizar las normativas.

De todas formas, ambos se muestran positivos y confían en la elaboración de una legislativa portuguesa que frene a estos grupos criminales. Por su parte, Fernando Iglesias espera que el Gobierno luso acabe el 2024 con una normativa similar a nuestro Decreto-Ley.