En un esfuerzo por abordar las críticas de sindicatos y expertos, el Ejecutivo ha anunciado su intención de reformar el sistema de cotización para prácticas no remuneradas. Esta decisión se produce después de que varios sindicatos y expertos hayan expresado su descontento con el actual sistema, que consideran inequitativo y discriminatorio hacia los jóvenes y los estudiantes que realizan prácticas no remuneradas. La reforma busca establecer un sistema más justo y equitativo, que permita a los jóvenes y estudiantes acceder a oportunidades laborales de calidad sin ser perjudicados por la falta de remuneración. Se espera que esta reforma tenga un impacto positivo en el mercado laboral y en la sociedad en general.
El Ejecutivo apunta a reformar sistema de cotización para prácticas no remuneradas ante críticas de sindicatos y expertos
El Gobierno se abre a modificar la polémica orden ministerial que facilita que investigadores y becarios en general que realizaron prácticas no remuneradas en el pasado puedan aflorar esos periodos como cotizados a la Seguridad Social.
La orden publicada por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el pasado abril, exigía pagar 288 euros por cada mes cotizado que se quiera regularizar. Algo que no ha gustado nada a los investigadores y que ha soliviantado también a los sindicatos, que consideran que no se ha negociado con ellos.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Borja Suárez, ha trasladado este lunes que en los próximos días se reunirán con los colectivos afectados y valorarán aportaciones. Vamos a escuchar y, llegado el caso, adoptaremos medidas, ha señalado el número dos de la ministra Elma Saiz en Seguridad Social.
Los sindicatos critican el alto coste de los convenios especiales
Este tema ha monopolizado la reunión que han celebrado esta tarde los sindicatos y Seguridad Social en la que, en principio, se iba a discutir temas relacionados con el sistema de pensiones, como la reforma de la jubilación parcial o los coeficientes reductores para el retiro anticipado en determinadas profesiones.
El representante de CCOO en la mesa, Carlos Bravo, ha trasladado tras el encuentro que el Gobierno está dispuesto a corregir esa orden ministerial en los próximos días. Bravo ha lamentado que el texto vulnera los acuerdos adaptados y hace materialmente imposible para muchos afectados recuperar esos periodos.
No en vano, para rescatar cinco años de prácticas no remuneradas el desembolso necesario sería de 17.280 euros, una cifra fuera del alcance de buena parte de los beneficiarios potenciales.
Por parte de UGT, Fernando Luján, ha saludado la rectificación del Gobierno y ve con buenos ojos que se vaya a plantear una nueva propuesta que debe negociarse con los interlocutores sociales.
Los sindicatos reclaman una revisión del sistema de cotización
Las críticas de los sindicatos se centran en el elevado coste de los convenios especiales que hay que suscribir con la Seguridad Social y en lo insuficiente de los cinco años de cotización que, como máximo, se pueden repescar con el sistema previsto.
En CCOO reclaman que no se puedan descontar de esos cinco años los dos que se pudieron aflorar en el convenio firmado en 2011.
Respecto a los costes, en el sindicato que lidera Unai Sordo creen que el sistema propuesto (cotizar por el 77% de la base mínima de 2024) es contradictorio con el que se puso en marcha en 2011. Entonces, se decidió que la base mínima aplicable sería la de los periodos en los que se realizaron las prácticas. También se permitía abonar las cuotas fraccionadamente para facilitar los pagos.
Ese esquema de cotización facilitaría el ejercicio del derecho a recuperar los periodos de cotización a las personas más jóvenes y/o con menor renta que, de otro modo, tendrían que asumir un coste bastante más elevado que en muchos casos, hace inaccesible este derecho, señala CCOO en un comunicado difundido este lunes.
La orden de la discordia se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 29 de abril y entrará en vigor el próximo 1 de junio. En consecuencia, Gobierno y sindicatos tienen poco más de 15 días para cerrar un texto definitivo que convenza a las dos partes.
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