El Ejecutivo recurre a la Sala Constitucional la Ley de Concordia de Aragón
En un giro inesperado en el proceso legislativo, el Ejecutivo ha decidido recurrir a la Sala Constitucional la Ley de Concordia de Aragón, medida que ha generado un intenso debate político en el país. Esta decisión ha sido tomada tras meses de intensas negociaciones entre las partes involucradas, y supone un hitórico cambio de rumbo en la implementación de esta normativa. La Sala Constitucional deberá ahora analizar la constitucionalidad de la ley y determinar si esta cumple con los principios fundamentales establecidos en la Constitución. El resultado de este proceso será clave para el futuro de la Ley de Concordia de Aragón y tendrá un impacto significativo en la política regional.
Gobierno recurre a la Sala Constitucional contra Ley de Concordia de Aragón aprobada por PP y Vox
El Consejo de Ministros ha aprobado presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para frenar la ley de concordia aprobada por el Gobierno de Aragón, conformado por el Partido Popular (PP) y Vox, con el que no se ha alcanzado ningún acuerdo.
Según anunció el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, la decisión llega al cumplirse tres meses de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de la citada norma.
Este plazo de tres meses había sido establecido por el Gobierno central para tratar de llegar a un acuerdo entre el Ejecutivo autonómico y el central, algo que finalmente no se ha producido.
Intentos de diálogo fallidos
Según Torres, desde el Gobierno de Pedro Sánchez intentaron abrir un diálogo formal con Aragón para llegar a un acuerdo, pero lamentó que el Ejecutivo autonómico rechazó sentarse a la mesa a negociar, lo que ha calificado de inusual.
Criticismo a la ley de concordia
Torres explicó que el Gobierno toma esta decisión con el aval del Consejo de Estado y reprocha a Aragón que su ley retira placas de señalización de campos de concentración, así como de lugares de memoria y el mapa de fosas comunes, entre otras medidas.
El recurso presentado por el Consejo de Ministros busca frenar la aplicación de esta ley, que consideran inconstitucional.
La decisión del Gobierno central ha generado un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo autonómico y el central, en un tema que ya había generado polémica en el pasado.
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