El Gobierno de Aragón, en un pronunciamiento de relevancia, ha señalado que la derogación de la ley de Memoria Democrática es jurídicamente intachable. Esta afirmación, de gran trascendencia en el ámbito político y social, resalta la postura firme de las autoridades regionales respecto a esta cuestión. La decisión de considerar la derogación de la ley como legalmente sólida pone de manifiesto la seriedad y el rigor con los que se aborda este tema tan sensible en la actualidad. Asimismo, este posicionamiento del Gobierno de Aragón genera un debate en torno a la interpretación de la normativa vigente y sus implicaciones en el contexto actual. Es crucial seguir de cerca los desarrollos futuros en este proceso, dado su impacto en la sociedad y en la protección de la memoria histórica.
El Gobierno de Aragón se mantiene firme en la derogación de la ley de Memoria Democrática
El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha rechazado la propuesta de celebrar una comisión bilateral con el Estado para tratar la derogación de la ley de Memoria Democrática en la región. Esta norma, aprobada en 2018 durante el mandato del socialista Javier Lambán, ha sido derogada recientemente por el actual Ejecutivo de coalición PP-Vox encabezado por Azcón.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado la intención de llevar la derogación de la ley al Tribunal Constitucional si el Gobierno autonómico no accede a modificarla, proponiendo una comisión bilateral como paso previo. No obstante, la portavoz del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha rechazado esta posibilidad al considerar que no existen bases jurídicas para dichas discrepancias.
El Ejecutivo de Azcón sostiene que la derogación de la ley es jurídicamente intachable, respaldada por el análisis de los servicios jurídicos regionales y por el respeto a los trámites democráticos. Se ha descartado participar en una supuesta farsa instrumentada, argumentando que se busca enmascarar otros temas como la ley de amnistía o los escándalos de corrupción.
La futura aprobación de un plan de concordia, como alternativa a la ley derogada, es un compromiso del Gobierno de Aragón en su acuerdo de coalición entre el PP y Vox. Este plan, que no tendrá rango normativo, será presentado en las próximas semanas como parte de los esfuerzos para resolver los problemas de todos los aragoneses, independientemente de su afiliación política.
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