El PNV sugiere en el Congreso modificar la ley para realizar desahucios en 48 horas en casos de okupación

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha presentado una propuesta en el Congreso de los Diputados para agilizar los desahucios en casos de okupación, proponiendo un cambio legal que reduciría el plazo de ejecución a 48 horas. Esta medida polémica busca combatir el fenómeno de la okupación ilegal de viviendas, que ha generado un creciente debate en la sociedad española.

El PNV propone desahucios exprés en casos de okupación: ¿Qué implicaciones tendrá?

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) ha presentado una propuesta en el Congreso para llevar a cabo un cambio legal que permitiría a la Justicia ejecutar desahucios en un plazo de 48 horas en situaciones de ocupación de viviendas ajenas. Para que esta medida prospere, es necesario que el Partido Popular (PP) o el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se sumen a la iniciativa, dado que partidos como Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) o Más País suelen votar en contra de este tipo de medidas.

Desahucio en horas: ¿Se logrará consenso en el Congreso?

Esta propuesta, registrada como enmienda al proyecto de ley derivado del decreto ley de medidas urgentes en materia de servicio público de Justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, busca modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para permitir que, en casos de delito de ocupación de una vivienda, el juez o tribunal pueda ordenar el desalojo en un plazo máximo de 48 horas desde la petición cautelar por parte del propietario legítimo, sin necesidad de prestar caución.

Propuesta del PNV para desalojar okupas en horas: Debate en el Congreso

La medida propuesta por el PNV también contempla la notificación a los servicios públicos competentes en materia de política social para facilitar el realojamiento de los ocupantes en situaciones de especial vulnerabilidad o circunstancias particulares.

Los nacionalistas vascos argumentan que la ocupación de viviendas ocasiona perjuicios a sus propietarios, problemas de convivencia, riesgos de incendios y degradación del entorno urbano. Además, alertan sobre la presencia de grupos que obtienen beneficios económicos aprovechándose de personas necesitadas y exigen una compensación al propietario.

Lucía García

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