El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron en Iguala, Guerrero, en un incidente que conmocionó a México y al mundo. A diez años de aquel trágico suceso, miles de mexicanos siguen exigiendo justicia y verdad sobre lo que realmente ocurrió aquella noche. La desaparición de los 43 normalistas ha generado una gran movilización social y política en el país, con manifestaciones y protestas que han recorrido todo el territorio nacional. La impunidad y la falta de respuestas por parte de las autoridades han sido denunciadas por la sociedad civil, que sigue pidiendo justicia y verdad sobre este caso emblemático.
- Años después: Familias de los normalistas exigen justicia por sus desapariciones
- Marcha de ayer: Padres de los estudiantes desaparecidos demandan esclarecimiento del caso
- Llama a la conciencia: Miles de personas marchan por la justicia y la verdad en el caso de los normalistas
- Justicia tardía: Familias de los desaparecidos exigen respuestas del gobierno después de años
Años después: Familias de los normalistas exigen justicia por sus desapariciones
Padres de algunos de los 43 estudiantes desaparecidos marchan por las calles de Ciudad de México, exigiendo justicia y verdad sobre el caso de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
Marcha de ayer: Padres de los estudiantes desaparecidos demandan esclarecimiento del caso
Cada 26 de septiembre, desde hace casi 10 años, los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos encabezan una marcha que comienza en El Ángel de la Independencia y concluye en la Plaza de la Constitución, más conocida como el Zócalo. Miles de personas los acompañan, entre los que destacan estudiantes y maestros de la misma escuela que se desgañitan exigiendo el esclarecimiento del caso durante las horas que dura la manifestación.
Llama a la conciencia: Miles de personas marchan por la justicia y la verdad en el caso de los normalistas
Mario César González, padre de uno de los estudiantes desaparecidos, ha encanecido desde su primera entrevista con la BBC en octubre de 2014. Sus palabras hoy son más duras si cabe: No se ha llegado a ninguna solución. El presidente Andrés Manuel López Obrador está al lado de la injusticia y ha sido incapaz de volver a recibirnos en los dos últimos años.
Justicia tardía: Familias de los desaparecidos exigen respuestas del gobierno después de años
Los padres y las madres de los estudiantes desaparecidos denuncian la falta de avances en las investigaciones y las promesas incumplidas de los mandatarios mexicanos. Sufrimos un dolor profundo al que nos hemos tenido que acostumbrar aunque muchas veces nos desesperamos y nos enojamos, explica Mario César González.
En 2014, los estudiantes habían iniciado una protesta simbólica como cada año. Paralizaban el transporte público e incluso expropiaban algún autobús durante unas horas. La policía intervino matando a nueve personas, entre ellos a cinco estudiantes de magisterio e hiriendo a otros 17.
La pesadilla empezó al amanecer del día siguiente en Iguala, de dónde era los estudiantes. Nadie sabía del paradero de los 43 desaparecidos. Durante los meses posteriores hubo confesiones bajo tortura y se presentaron restos incineradas de otras víctimas aparecidas en fosas comunes como si fueran los de los estudiantes.
Entre 2014 y 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto fue acusado de pasividad por su falta de transparencia y su desinterés por investigar las desapariciones. El caso se vinculó a ajustes de cuentas entre carteles rivales posiblemente porque uno de los transportes llevaba un alijo de droga.
La DEA comprobó que desde la terminal de Iguala se enviaban grandes cantidades de heroína hasta Chicago, usando buses de transporte público, con beneficios anuales de 120 millones. También salpicó al ejército.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, desaparecido a los 19 años, recuerda que el actual presidente López Obrador nos dio muchas esperanzas cuando llegó al poder. La investigación avanzó hasta que se topó con la responsabilidad del ejército en los crímenes.
Durante la campaña electoral de 2018, el presidente López Obrador instrumentalizó el caso ya entonces convertido en símbolo de la lucha contra las desapariciones forzosas. Se comprometió a esclarecer la verdad. Creó una Comisión de la Verdad que descubrió la implicación de oficiales del ejército en la desaparición de los estudiantes.
Pero durante cuatro años, el presidente no recibió a los familiares y mantuvo una posición muy ambigua como si le irritase que el ejército, al que ha reforzado durante su sexenio como presidente, pudiese estar implicado en los crímenes.
México es uno de los países del mundo con más desaparecidos. Las cifras superan los 100.000 desde 1962 aunque la mayoría se han producido a partir de 2006 cuando el estado inició la guerra frontal contra los carteles del narcotráfico y el crimen organizado.
Existe más desaparecidos que en Sri Lanka, Siria, Irak, Guatemala, Colombia o Argentina. El presidente López Obrador ordenó la creación de un registro de personas desaparecidas en 2019. La suma superó los 116.305 desaparecidos oficialmente.
Pero en marzo de 2024, la cifra descendió a 99.729 supuestamente gracias al proceso de búsqueda realizado por las autoridades mexicanas en todo el país. Este baile de cifras ha sido muy criticado por activistas de derechos humanos y familiares de desaparecidos.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hace un mes a los partidos políticos que no instrumentalizaran el dolor de los familiares durante la campaña electoral y recordó que nueve madres buscadoras de sus hijos desaparecidos han sido asesinadas desde 2019, dos de ellas durante este año.
Los registros macabros no finalizan con los miles de muertos y desaparecidos que anualmente se suman a cifras ya escandalosas. En la última década se ha multiplicado el descubrimiento de fosas clandestinas y ya hay 52.000 restos humanos sin identificar en cementerios y depósitos de cadáveres.
El estado mexicano ni siquiera es capaz de trabajar en la identificación de los restos que se han descubierto y que son enterrados o guardados en almacenes de restos humanos como personas NN (No Nombre), una actividad recurrente durante las dictaduras y las guerras civiles latinoamericanas entre los años setenta y los noventa del siglo pasado.
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