El Gobierno aprueba cambios en la normativa para impulsar el fondo de pensiones de empleo
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha sometido a trámite de audiencia e información pública un borrador de real decreto que modificará el reglamento de planes y fondos de pensiones y la orden ministerial que recoge la remuneración de los miembros de la Comisión de Control Especial.
El objetivo es hacer cambios urgentes en la normativa para poder poner en marcha el fondo de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP), que ha sufrido retrasos en su implementación. Según el Gobierno, la mejora reglamentaria que se propone sobre los aspectos necesarios y mejoras técnicas es urgente, ya que sin dicha regulación no puede continuar la efectiva puesta en marcha de algunas disposiciones de la Ley.
La urgencia del cambio
Por eso, se ha decidido prescindir del trámite de consulta pública, aunque sí se ha remitido a audiencia de los agentes sociales. Desde el Ministerio no avanzan cuál será la fecha de aprobación del proyecto, pero solo tendrá que superar la reunión del Consejo de Ministros, ya que al tratarse de un real decreto no se requiere que sea convalidado por el Congreso después.
Modificaciones clave
El citado real decreto haría posible que tanto la Comisión Promotora y de Seguimiento como la de Control Especial puedan solicitar asesoramiento jurídico en el ejercicio de sus funciones. También eliminaría la posibilidad de que los planes de pensiones prevean el pago de prestaciones a los jubilados parciales y la revisión anual de los planes que guarden un margen de solvencia con patrimonio no comprometido.
Además, se modificaría la Orden ISM/1198/2023 que recoge la remuneración de los miembros de la Comisión de Control Especial, para puntualizar que estos solo tendrán derecho a los 3.375 euros brutos al mes que les corresponden cuando los fondos alcancen -y mantengan- un ahorro de 1.000 millones de euros.
Revisión del régimen de incompatibilidades
El Gobierno también apela a revisar el régimen de incompatibilidades y conflictos de interés de los miembros de esta comisión, para solucionar algunos problemas planteados por la participación de representantes de las organizaciones empresariales. La nueva redacción excluye a los consejeros independientes de entidades privadas o públicas, docentes o investigadores de las universidades y los integrantes de la patronal que no estén vinculados con el sector financiero.
Asimismo, permite que sean las organizaciones empresariales o sindicales que han nombrado a los representantes las que ingresen la remuneración que les correspondería por asistir a las reuniones, si así lo acuerdan.
El objetivo final
El Ejecutivo de coalición confía en que este sea el último impulso que necesitan los vehículos de ahorro gestionados por VidaCaixa, BBVA, Caser Pensiones, Ibercaja Pensión y Santander Pensiones, registrados en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones a mediados del mes de diciembre. Desde ese momento, el fondo de promoción pública ya puede empezar a integrar planes de pensiones de empleo.
El objetivo es alcanzar los 500 millones de euros de ahorro que cada una de las entidades seleccionadas tiene que alcanzar en tres años. El retraso en el lanzamiento de la plataforma de promoción está frenando su avance, pero el Gobierno espera que estos cambios den el impulso necesario para que el fondo de pensiones de empleo de promoción pública comience a funcionar correctamente.
Deja una respuesta