- La OCDE propone reducir el coste del despido en España y solicita más protección para los trabajadores a tiempo parcial y discontinuos
- La OCDE sugiere reducir indemnizaciones por despido y mejorar protección de trabajadores fijos discontinuos
- Reforma de los mecanismos de protección para trabajadores con contrato indefinido
- Flexibilidad en el fin de contratos indefinidos
- Más garantías para los fijos discontinuos
- Experimentar con la reducción de jornada laboral
La OCDE propone reducir el coste del despido en España y solicita más protección para los trabajadores a tiempo parcial y discontinuos
En un informe reciente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha propuesto una serie de reformas laborales en España, entre las cuales se destaca la reducción del coste del despido, con el objetivo de fomentar la creación de empleo y la competitividad en el mercado laboral español. Además, la OCDE solicita más protección para los trabajadores a tiempo parcial y discontinuos, que actualmente se enfrentan a condiciones laborales precarias y falta de estabilidad. Estas medidas buscan mejorar la situación laboral en España, país que todavía sufre las consecuencias de la crisis económica.
La OCDE sugiere reducir indemnizaciones por despido y mejorar protección de trabajadores fijos discontinuos
La vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Trabajo Social, Yolanda Díaz, ha recibido felicitaciones de diferentes organismos internacionales por la reforma laboral impulsada en 2021. Sin embargo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sugiere ir más allá y realizar cambios que implican una mayor flexibilidad en el mercado laboral.
En un informe de 100 páginas, la OCDE propone reducir las indemnizaciones por despido, mejorar la protección de los trabajadores fijos discontinuos y experimentar con la reducción de la jornada laboral.
Reforma de los mecanismos de protección para trabajadores con contrato indefinido
La OCDE cree que España puede lograr un mejor equilibrio entre la seguridad para los trabajadores y la flexibilidad para las empresas. Para lograr esto, sugiere ampliar el período de preaviso que deben respetar las empresas antes de despedir a un trabajador y ajustar otros aspectos de la protección, como las indemnizaciones por despido.
La OCDE señala que el coste de un despido objetivo en España es relativamente alto en comparación con otros países del grupo. Sin embargo, el período de preaviso que tienen las empresas para notificar el despido es de los más cortos de la organización.
Flexibilidad en el fin de contratos indefinidos
La OCDE recomienda facilitar el fin de contratos indefinidos cuando es buscado por las dos partes. Plantean que los trabajadores que acuerden su salida voluntaria con la empresa puedan acceder a prestación por desempleo, algo que actualmente no es posible.
Más garantías para los fijos discontinuos
La OCDE cree que la protección de la que gozan los trabajadores fijos discontinuos se puede mejorar. Estos contratos, ligados a trabajos con mucha estacionalidad, se han popularizado después de que la reforma laboral limitara el uso de contratos temporales a situaciones muy tasadas.
Los economistas de la OCDE creen que estos contratos son preferibles a los temporales, dado que aportan más estabilidad y más protección ante un eventual despido. Sin embargo, consideran que la seguridad de la renta que perciben estos trabajadores no está clara del todo.
Para frenar esta disparidad, la OCDE cree que una medida que se puede adoptar es fijar un número mínimo de horas en un período dado para todos los fijos discontinuos, sea cual sea su sector de actividad.
Experimentar con la reducción de jornada laboral
La OCDE sugiere experimentar con la reducción de la jornada laboral para obtener más evidencia empírica sobre los efectos de esta medida. En España, el Ministerio de Trabajo y los agentes sociales llevan meses negociando la fórmula para reducir la jornada máxima legal semanal de 40 horas a 37,5 en 2025.
Los expertos de la OCDE señalan que hay muy pocos países en el grupo con jornadas legales inferiores a las 40 horas semanales. Ante la falta de evidencias sobre los efectos de reducir la jornada, plantean que se experimente para obtener más evidencia empírica.
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