El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rechaza imponer una multa al alcalde de Carboneras por el hotel El Algarrobico.

En una decisión que ha generado controversia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rechazado la imposición de una multa al alcalde de Carboneras en relación con el emblemático hotel El Algarrobico. Esta resolución se produce tras un largo proceso judicial que ha mantenido en vilo a la opinión pública y a los implicados en el caso. El tribunal argumentó que no existían pruebas contundentes que vincularan al alcalde con supuestas irregularidades en la construcción del polémico hotel. La noticia ha generado reacciones encontradas entre los defensores del medio ambiente y los sectores implicados en el desarrollo urbanístico de la zona. El caso del hotel El Algarrobico sigue siendo un punto de conflicto y debate en el ámbito judicial y político de la región.

TSJA rechaza imponer multa al alcalde de Carboneras por El Algarrobico

TSJA rechaza imponer multa al alcalde de Carboneras por El Algarrobico

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado multar al alcalde de Carboneras (Almería) por incumplimiento de la sentencia que le obliga a plasmar en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que en El Algarrobico el suelo no es urbanizable y resulta de especial protección desde 1994. Greenpeace había solicitado que se ejecutase de forma urgente la resolución por la que se advertía al entonces regidor, el socialista José Luis Amérigo, con sanciones coercitivas de 700 euros cada 20 días, después de que el propio TSJA anulase hace unas semanas la resolución adoptada en pleno en abril de 2023 para desclasificar el sector ST-1 donde se levanta el hotel de Azata del Sol.

El tribunal asegura en un auto que se ha declarado la nulidad solo de la parte resolutiva de este acuerdo de pleno, y no de la mera actuación formal del Ayuntamiento de Carboneras en el instrumento urbanístico realizada a propósito de la sentencia que debe ejecutar. Entiende que, con la convocatoria de ese acto, se atendieron los requerimientos que se hicieron al alcalde para que actuase en pos de dar cumplimiento al fallo.

No obstante, en el auto que anuló el acuerdo de pleno que modificaba el PGOU, se apuntó que habría sido la intención del Ayuntamiento eludir ese cumplimiento y se remarcó que la forma en la que se había hecho y su contenido suponían un significativo y sustancial quebranto de los pronunciamientos de la sentencia y un desmán. Para rechazar que se proceda a multar al alcalde de Carboneras, cargo que actualmente ocupa Salvador Hernández (Cs), afirma que la argumentación de Greenpeace para pedirlo no es útil. Añade el TSJA que cualquier alegato de incumplimiento que se plantee ahora habría de estar referido, en su caso, al contenido del planeamiento actualmente vigente.

Greenpeace sostiene que, al anularse a instancia de la Junta andaluza el acuerdo de pleno de abril de 2023, se ha vuelto a la situación de ilicitud ya que, a fecha de hoy, los terrenos del Algarrobico han vuelto a clasificarse como urbanizables en la normativa urbanística municipal. El Gobierno andaluz, por contra, mantiene que, tras la anulación de lo que consideró un subterfugio para obstaculizar la demolición del hotel de Azata del Sol, el suelo no era ni es urbanizable y considera que así ha quedado reflejado el PGOU de Carboneras.

Paralelamente a la petición de multa al alcalde de Carboneras, Greenpeace ha solicitado la suspensión de la ejecución de otra sentencia que obliga al Ayuntamiento a revisar de oficio la licencia municipal de obras y cuya revocación facilitaría la demolición del hotel. El TSJA había dado un mes para que se iniciase el procedimiento por parte del consistorio, aunque el cambio en el gobierno municipal ha prorrogado los plazos. El colectivo quiere evitar que el Ayuntamiento de Carboneras, aprovechando que los terrenos han vuelto a ser urbanizables, tramite el expediente y concluya que no se puede anular la licencia de obras debido a que en el PGOU El Algarrobico es urbanizable y remarca que Azata, consistorio y Junta ya utilizaron este mismo argumento en otros pleitos.

Daniel Martín

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