La nueva medida que limitará el consumo de agua a turistas en los pueblos de Cataluña ha generado controversia en la región. La iniciativa busca combatir la escasez de agua que afecta a estas localidades, especialmente durante la temporada de verano. Con el incremento de visitantes, se ha vuelto necesario implementar restricciones para garantizar el suministro a la población local y preservar los recursos hídricos. Esta medida no solo busca concienciar a los turistas sobre la importancia de un uso responsable del agua, sino también proteger el medio ambiente y asegurar la sostenibilidad de las comunidades rurales en Cataluña. Se espera que esta acción promueva una mayor conciencia sobre la gestión del agua y fomente prácticas más sostenibles entre los visitantes.
Turismo en Cataluña tendrá limitaciones en el consumo de agua
El sector turístico de Cataluña se verá afectado por limitaciones en el consumo de agua, según lo decretado por la Generalitat en respuesta a la crisis hídrica que enfrenta la región. Esta medida se suma a las restricciones impuestas previamente a los usuarios domésticos, con el objetivo de garantizar una gestión sostenible de los recursos hídricos en Cataluña.
Restricciones de agua para turistas en pueblos de Cataluña
Con más de seis millones de catalanes entrando en la fase de emergencia del Plan Especial de Sequía, las autoridades han decidido también limitar el uso del agua por parte de los turistas que visitan la región. En la situación actual, se establece un tope de 100 litros por día por plaza hotelera, con la posibilidad de ajustes en función de la gravedad de la sequía.
La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha adelantado que en casos de excepcionalidad por sequía, la restricción podría elevarse a 115 litros diarios por plaza hotelera, mientras que en una segunda fase de emergencia, este límite se reduciría a 90 litros por plaza. Estas medidas afectarán tanto a los establecimientos turísticos como a los usuarios domésticos en los pueblos de Cataluña.
Además, se ha autorizado el uso de desalinizadoras móviles de titularidad privada para actividades económicas que requieran agua del mar, con la condición de que sean financiadas exclusivamente con fondos privados. Estas desalinizadoras estarán exentas de las restricciones de consumo de agua, al representar una fuente alternativa que no impacta en el suministro general de la población.
El régimen sancionador también ha sido modificado para ampliar los controles y evaluar el consumo de agua de forma trimestral, lo que permitirá una mejor adecuación de las sanciones a las infracciones detectadas. Las multas por incumplimiento de las restricciones se clasificarán en leves, graves y muy graves, con montos que van desde los 10.000 hasta los 150.000 euros.
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