En un escenario donde la veracidad de la información es crucial, es fundamental desmentir noticias falsas que pueden generar confusión y alarma en la opinión pública. En este sentido, no es cierto que Rusia haya emitido una orden de busca y captura a Volodímir Zelenski, el presidente de Ucrania. Aunque esta noticia ha circulado ampliamente, no hay evidencia que respalde esta afirmación. Es importante ser cautelosos al compartir información y verificar las fuentes antes de difundir noticias, ya que la precisión y la confiabilidad son fundamentales en la comunicación de noticias.
Rusia no emitió orden de captura contra Zelenski, sino que lo incluyó en lista de búsqueda
El pasado sábado, Rusia incluyó al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en la lista de búsqueda del Ministerio del Interior de Rusia, según informó la agencia oficial rusa TASS. Sin embargo, no se emitió una orden de captura en su contra.
Zelenski es buscado en relación con un delito contemplado en el Código Penal de Rusia, aunque no se proporcionaron más detalles. Esta medida se suma a las órdenes de arresto emitidas anteriormente contra altos cargos de Ucrania.
Antecedentes
En diciembre del año pasado, el Ministerio del Interior de Rusia puso en busca y captura al jefe del Inteligencia Militar (GUR) de Ucrania, Kirilo Budánov, después de que el Comité de Instrucción ruso incoara un proceso penal contra él y otros tres militares ucranianos.
En abril pasado, Budánov fue arrestado en ausencia por la Justicia rusa acusado de terrorismo.
Rusia y la Corte Penal Internacional
Rusia, cuyo presidente, Vladímir Putin, enfrenta una orden de captura de la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra por la deportación ilegal de niños de Ucrania, también ha puesto en busca y captura a políticos de países de la Unión Europea.
El pasado 13 de febrero, Rusia anunció esta medida contra la primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, así como contra varios funcionarios y diputados de Letonia y Lituania.
Según las autoridades rusas, la orden de busca y captura contra la jefa del Gobierno estonio y otros políticos bálticos fue adoptada por la destrucción y daños causados a los monumentos de soldados soviéticos en Estonia.
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